Así se roban las elecciones locales en Colombia

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Puesto de votación en la Plaza de Bolívar. Foto Telesur

La historia ha demostrado que, a la hora de disputarse el poder local, tanto en el transcurso de las campañas como en el día de las votaciones o los días después de los comicios, la ecuación victoriosa se determina gracias a la suma de clientelismo, corrupción, narcotráfico y violencia

Redacción Política

La ciudadanía colombiana acude nuevamente a las urnas. El próximo 27 de octubre en todo el territorio nacional la población con mayoría de edad elegirá 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles. En otras palabras, la gente votará para configurar un nuevo mapa del poder local en el país.

A diferencia de las elecciones parlamentarias y presidenciales, las elecciones de octubre de 2019 están orientadas por las dinámicas territoriales donde se disputan la gobernabilidad un indeterminado número de actores bajo un sinnúmero de estrategias electorales que están articuladas a las viejas y nuevas prácticas de la política tradicional.

La historia ha demostrado que, a la hora de disputarse el poder local, tanto en el transcurso de las campañas como en el día de las votaciones o los días después de los comicios, la ecuación victoriosa se determina gracias a la suma de clientelismo, corrupción, narcotráfico y poder. Estas son las claves para entender las elecciones locales en Colombia.

Compra de votos

Las elecciones no distan de su tradicional desconfianza frente a los resultados y las formas de obtener una curul o asiento en la administración local. Las fases de riesgo se clasifican en tres principalmente: compra de votos, manipulación de votación y exceso en topes presupuestales. Esas modalidades de robo las practican las viejas estructuras políticas, las casas tradicionales que pretenden dominar la política en departamentos enteros.

La compra de votos se ha dado históricamente como un ejercicio donde se paga el voto individual o por combos. El combo más costoso es aquel que paga por la fórmula completa, es decir: Junta local, candidato a concejo, alcaldía y gobernación. Sin embargo, y debido a que el mercado de compra de votos se ha diversificado, existen combos sin candidaturas locales o solamente para un candidato que, para efectos del pago, es mucho más barato para pagar. O porque candidatos tradicionales se asocian y compran en conjunto la voluntad de los electores.

“En unas comunas votamos por distintos partidos al concejo que a la asamblea, pero en otras localidades pueden cambiar la combinación de socios. Entonces el pago no es para ganarle al competidor, sino repartirse las mesas para que todos compren. O por qué cree que el Atlántico elige 12 senadores”, le dijo a VOZ una fuente que prefirió no ser identificada.

¿Quién paga? La vieja modalidad de compra de votos se da por los mochileros que ya contrataron las casas aledañas a los puestos de votación, con el fin de ubicar una sede temporal para el día de elecciones que le permita pagar el voto a puerta cerrada. Pero también se encuentra la compra de votos vía líderes comunitarios, que obtienen una considerable suma de dinero para convencer a sus vecinos y cumplir la meta de votos exigida para el pago.

Una tercera modalidad de compra de votos, que se estrena en estas elecciones es el “paga diario”. El también llamado “gota a gota” corresponde al pago de la gente de menos recursos a las mafias paramilitares y narcotraficantes en el país quienes juegan el rol de prestamistas. Se ha denunciado por parte de la bancada alternativa y en especial Colombia Humana UP, el pago de los “gota a gota” a cambio de votos. Se paga proporcionalmente al número de votos que el deudor de los mafiosos se compromete a conseguir para el político que contrata esos servicios. La denuncia fue hecha en el Atlántico, pero no se descarta que esa práctica se propague en muchos departamentos, en especial en el Caribe colombiano.

Software electoral

Luego viene una fase más compleja y por lo tanto más costosa. Acomodar jurados de votación en mesas predeterminadas para el político que contrata estos servicios. Esta práctica consiste en alterar los jurados de votación que en muchos casos no cumplen con los requisitos de ley para ser los veedores de la jornada. Sin embargo, son personas que se coordinan para tener la posibilidad de alterar los resultados desde la mesa, la transcripción de resultados o los escrutinios.  No se descarta que los mochileros puedan actuar con ciertos jurados para asegurar que el votante lo haga por el candidato que pagó.

El software que sistematiza los datos transmitidos por los jurados y la Registraduría es otro de los riesgos para las elecciones del domingo. Aunque ya el Consejo de Estado prendió las alarmas tras fallar a favor del partido MIRA, el cual señaló que en las elecciones del año 2014 se manipularon los resultados, el sistema electoral no corrige el error y mantiene la naturaleza del fraude.

La sistematización de los votos puede ser alterada por dos razones: 1) dicha plataforma no es del Estado, es del contratista al que la Registraduría le paga para contar los votos, y 2) puede ser alterado con una programación para el conteo de votos. Por ejemplo, el software puede programarse para que las cédulas de los sufragantes terminadas en 7 se sumen a determinados candidatos.

Violencia y política

Ahora bien, a cada una de estas maniobras para cambiar la voluntad de los electores, se suman los exagerados gastos de las elecciones. Para campañas como la de Bogotá, un distrito especial que supera los cuatro millones de electores, el tope máximo es de cuatro mil millones de pesos y para el concejo de un municipio de menor categoría es de 450 millones de pesos. La realidad indica que las candidaturas, en especial de los partidos tradicionales superan de lejos los topes.  La Colombia Humana UP sería el único partido que hoy cumple los topes máximos de gastos, incluso no se llega a ese máximo exigido por la ley.

La Colombia Humana UP ha denunciado otro de los mas grandes riesgos: la persecución a sus candidatos. Por ejemplo, uno de los casos de persecución y planes de muerte vienen desde los Llanos Orientales con el candidato avalado para llegar a la alcaldía de Villavicencio, por los partidos Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo y Partido Verde: Felipe Harman. El presidente Iván Duque insiste en pormenorizar las denuncias y mantener la tesis que el Plan Democracia es suficiente para detener la violencia.

El pasado lunes el presidente Duque convocó a los voceros y presidentes de partidos políticos con asiento en el parlamento para compartir los resultados de su política de seguridad a unos días de la contienda electoral. En dicha reunión, la presidenta de la Unión Patriótica y senadora de la República, Aída Avella, encaró al mandatario y le señaló las denuncias recibidas por candidatos y militantes de la Colombia Humana UP, que han sido perseguidos y amenazados por su actividad política.

Aunque el mandatario no atendió en particular las denuncias de Avella, los demás voceros de los partidos políticos respaldaron las denuncias por las que han sido víctimas, en menor medida, de amenazas del paramilitarismo que se asienta en la mayoría de las regiones del país.

Teniendo en cuenta el oscuro panorama, el campo democrático, bajo diversas y novedosas estrategias de unidad, busca reconfigurar su presencia en el territorio a partir de la disputa de Alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas de carácter prioritario. La coalición Colombia Humana – Unión Patriótica se estrena en este escenario electoral con la expectativa de recoger el acumulado alcanzado en la pasada contienda presidencial, con una recomposición político-electoral de las fuerzas progresistas en diferentes territorios. En definitiva, la última palabra la tiene la ciudadanía.

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