Asesinatos del gobierno

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Militares de Valledupar condenados por crímenes de lesa humanidad a comunidades indígenas. Foto Colprensa

Hernán Camacho
@camachohernan 

Las prácticas violentas en el ejercicio de la acción política en Colombia no han permitido el tránsito de una democracia cerrada, restringida, hegemónica y autoritaria, a otra de características de amplitud, incluyente, participativa con poder de decisión para los ciudadanos.

El genocidio es la máxima expresión violenta de un poder político podrido desde su propia concepción, es usado por la elite política de derecha y oligárquica para cerrar la democracia y detener los procesos de cambios sociales que manifiesta la sociedad. El caso puntual de la Unión Patriótica evidencia la sistemática violación de derechos humanos contra quienes se atreven a disputarle su poder.

Para corregir el sustancial entuerto el proceso de paz de La Habana con su acuerdo final, le propuso al país que se adelantara un acuerdo nacional para sacar las armas de la contienda política y que se dejen de tramitar las diferencias en la conducción del gobierno y el poder a punta de bala y muerte. En cambio, el presidente Iván Duque llamó a otro “pacto” excluyendo a la oposición, para legitimar la extradición de los exjefes farianos y hacer trizas la paz. Ni Cambio Radical, ni la U, ni los liberales aceptaron, por no llegar a un canje burocrático. Duque solo cuenta con los cristianos para acabar los acuerdos.

Las elites colombianas siguen apelando a la necropolítica para imponer su idea y mantener el poder. Mataron a Dimar Torres, un ciudadano colombiano en proceso de reincorporación. El autor material del hecho es un militar, un servidor público al que se le pagó su salario con nuestros impuestos para torturar, asesinar, desaparecer y enterrar el cuerpo. El Ministro de Defensa quiso desviar la investigación, pero la evidencia lo delató. Luego, un oficial del Ejército pidió disculpas a la comunidad por la conducta, y sus colegas de charreteras lo llamaron “guerrillero”.

No solo el caso de Dimar o el de la UP, es la doctrina militar que jamás quisieron discutir en La Habana. El país debería debatir sobre los pensums y las pedagogías en las escuelas de formación militar. Ya conocemos que siguen las prácticas de matar civiles para que el presidente Duque saque pecho por su gestión, luego entonces, la cátedra anticomunista y el “matar comunistas es legal” que se extiende a defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Mientras no se sustraiga la violencia de la cultura política y las élites estén dispuestas a jugarse su permanencia en el poder, voto a voto, con nosotros, no pararán los asesinatos del Gobierno, como la gente en la calle identifica los crímenes de Estado. Lo demás se llama dictadura militar así quieran disfrazarla.

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