Entrevista con Wilman Silva, padre de Jhonny Silva Aranguren, quien asegura que en la Fiscalía le dijeron que perdonara a los policías porque llevaban una bonita carrera, que esperara a la justicia divina. “Fui humillado y ultrajado por la Fiscalía”.
Carolina Tejada
El 22 de septiembre de 2005, en el marco de una manifestación en la Universidad del Valle, efectivos del Esmad irrumpieron irregularmente en el campus dejando como resultado un estudiante asesinado. Jhonny Silva Aranguren, con tan solo 21 años de edad. Estudiaba química y en medio de las revueltas fue alcanzado por un proyectil que le quitó la vida. La muerte fue adjudicada al escuadrón policial.
Después de múltiples denuncias, el 4 de agosto de 2008, la Fiscalía General de la Nación había concluido que: “(…) dejamos sentado que en efecto se encuentra establecido que la persona que dio muerte a Jhonny Silva fue un miembro del Esmad aún no identificado, que al momento de los hechos participaba en calidad de tal en el control de los disturbios presentados en la Universidad del Valle”.
Sin embargo, nueve meses después, la fiscalía delegada ante el tribunal de Cali desconoció estas conclusiones. Sin ninguna prueba nueva y sin fundamento alguno, el fiscal Carlos Adolfo Millán Potes concluyó que: “En estos casos el comandante no podría responder por hechos secretos e impredecibles, preparados y ejecutados al interior del establecimiento universitario porque nadie está obligado a lo imposible. (…) El grupo del Esmad se encontraba en posición de desventaja frente a los manifestantes, porque mientras para los primeros el respeto a la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos es un imperativo, para estos no es más que una entelequia”.
Después de nueve años de una tragedia familiar y de un proceso que se fue dilatando en manos de 13 fiscales, el Tribunal Administrativo del Valle condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte del estudiante.
En el marco de la búsqueda del esclarecimiento de los hechos, miembros de la comunidad universitaria adelantaron movilizaciones para exigir justicia. En octubre de 2006, representantes estudiantiles, entre quienes se encontraba Julián Andrés Hurtado, se reunieron con el entonces gobernador del Valle, Angelino Garzón, y exigieron instar por el esclarecimiento. Ese día, después de terminada la reunión, Julián Andrés fue seguido por dos personas que se movilizaban en un taxi, y en horas de la noche, fue asesinado.
VOZ entrevistó al padre de Jhonny, Willman Silva, para conocer en detalle el proceso.
Un fallo a medias
–Casos como estos casi no se dan a conocer por la gran prensa. Cuéntenos, ¿cómo ha sido ese proceso en la búsqueda de justicia?
–Desde la muerte de Jhonny, siempre fui humillado y ultrajado por la Fiscalía. Recuerdo que a solo cuatro meses de su asesinato la directora seccional de fiscalías, Alicia Ledesma Triviño, me dijo que no me extrañara que este caso quedara en la impunidad. Años después, el fiscal especializado en derechos humanos número 41, Manuel Guillermo Gómez, con su asistente la fiscal Nelly Arguello, me manifestaron que en una reunión efectuada por ellos habían determinado no dictar medida de aseguramiento a dichos policías porque llevaban una bonita carrera, que los perdonara, que esperara la justicia divina. Esto me dio tanta angustia que recuerdo el dolor, no me sentía real, recuerdo que lloré y lloré. Dicha señora fue en busca de agua, y me fui…
–¿Es verdad que la misma Justicia, apelando a la supuesta ausencia de pruebas, instó a adelantar un proceso en su contra si continuaba las demandas públicas?
–En vista de tanta injusticia organicé una marcha a Bogotá buscando entregar un oficio a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, y otros que no recuerdo.
Cuando estuve de regreso en Cali, recibí una notificación que me presentara a la fiscalía especializada número 55 de derechos humanos. En dicha reunión el fiscal Fernando Amariles dijo: “Entendemos que el Esmad es el asesino de su hijo, pero usted entienda que yo tengo superiores y me han dado la orden de cerrar el caso. Por tanto, le aconsejo que se vaya a instancias internacionales. Ah, y tenga en cuenta que esto es un caso juzgado, la Policía no tiene nada que ver, por tanto no se dirija a los medios de comunicación sindicándola porque ahí sí lo metemos a la cárcel por injuria y calumnia, hasta por seis años”.
–¿Es verdad que en enero del presente año salió un nuevo fallo del Tribunal Administrativo del Valle? ¿Cuáles son los detalles y cómo reciben ustedes esta noticia?
–La sentencia del tribunal condena al Estado y a la Policía, ordenando el pago de una indemnización a la familia. No lo acatamos por ser una vergüenza en el sentido del desconocimiento de la vida de Jhonny. Para ellos, él era un simple estudiante y, como tal, él no era una persona productiva, es decir, no sostenía un hogar o a sus padres; que por expectativa de vida el Estado no paga. Esto es una infamia frente a las víctimas. ¿Dónde están el respeto y la dignidad?
–En marzo próximo, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos tiene que dar su opinión sobre el caso de Jhonny. ¿Qué esperan que salga de este proceso?
–A ver. En marzo probablemente vamos a Washington y la idea es presionar. Esperamos que con esta sentencia ya tengamos herramientas suficientes para que el proceso penal avance.
–Usted ha recibido el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos. ¿Qué mensaje tiene hoy día que algunos medios y personajes de la política se han encargado de denigrar de la labor de estas organizaciones?
–Es entendible que personajes siniestros de la política, Fuerza Pública, creadores del terrorismo estatal sean quienes perversamente utilicen a medios amañados de comunicación para difamar y ubicar a defensores de derechos humanos en un lugar peligroso. Nosotros, las víctimas, no callaremos, no seremos intimidados, y hasta el final en la lucha por la verdad la justicia y la memoria. Es vital que los defensores de derechos humanos sigan en esa, la tarea que nos hace resistentes.
