“Saldrán de aquí a la buenas o a las malas, estas tierras tienen su dueño”
Redacción DD.HH.
El 12 de abril en horas de la madrugada uno de los habitantes de la zona El Tamarindo, en el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico, Narciso Enrique Teherán Mejía, líder reclamante de tierras de Asotracampo, fue asesinado a tiros. Días antes los habitantes de este predio habían sido víctimas de amenazas por parte del oficial de la Segunda Brigada del Ejército Lesman Parra.
Hay que recordar que estas 135 familias se vieron obligadas a ocupar pacíficamente 120 hectáreas del predio El Tamarindo, debido al desplazamiento forzado producido en 1999 por operaciones paramilitares realizadas en los departamentos del Atlántico, Córdoba, Magdalena, Bolívar, Sucre y Cesar.
En 2001, cuando los desplazados se tomaron el predio, no estaba ocupado, y muchas hectáreas se encontraban en bosque primario, motivo por el cual ellos construyeron viviendas, iniciaron con cultivos de supervivencia y criaron especies menores.
Sin embargo, la ambición desmedida de empresarios no da para compartir con personas que necesitan donde vivir, así haya terrenos desocupados por cantidades.
Por este motivo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció una serie de irregularidades administrativas y procesales que favorecen los intereses particulares de las familias Char, Abdala Saieh y Muvdi, de los sectores empresariales Inversiones del Prado S.C.A., Finanzas del Norte y Sociedad de Negocios Abdala.
Lo que se tiene es, según la organización, la pretensión de demostrar una indefinición administrativa sobre el predio El Tamarindo por su ubicación en los límites entre los municipios de Galapa y Barranquilla y la ausencia de registro de propiedad desde la década del 70 hasta comienzos de los 80, lo que favorece los intereses de los empresarios ya mencionados.
Según la Comisión Intereclesial, estas irregularidades se dan por parte de la inspectora de Reacción Inmediata Berly Roa y funcionarios públicos adscritos a la Inspección Quinta de Policía, afectando los derechos de 135 familias ocupantes del predio asociadas en Asotracampo.
Hoy los intereses empresariales quieren pasar por encima de la vida y dignidad de estas 135 familias. Por un lado la DIAN declaró a través de la resolución 13914 en noviembre de 2007 un área de 1.200.000 metros cuadrados como Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofia), entre ellas El Tamarindo.
Por otro lado, incluye el proyecto carreteable de la llamada Ruta del Sol, que comprende la concesión vial Ruta Caribe ubicada entre la intersección Cordialidad-Caracolí-Barranquilla.
Ya desde hace varios meses la Fuerza Pública en cabeza de la Segunda Brigada del Ejército tiene la labor de sacar a como dé lugar a estas familias desplazadas, motivo por el cual los moradores denunciaron constantes atropellos de sus soldados y hasta la quema de casas.
Los habitantes denunciaron que el 7 de abril el oficial Lesman Parra ingresó abruptamente a la finca El Tamarindo junto a hombres de Made Security, quienes procedieron a correr cercas y a amenazar campesinos.
El 9 de abril los campesinos, indignados por los atropellos y la intervención en las cercas, manifestaron su inconformidad, a lo que Lesman Parra procedió con amenazas de muerte.
“Saldrán de aquí a la buenas o a las malas, estas tierras tienen su dueño”, le oyeron decir en más de una oportunidad.
