Se hace justicia en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, pero hay otros casos de amenazas a periodistas que están en la impunidad
Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos dictó medida de aseguramiento contra siete ex funcionarios del extinguido DAS, debido a los seguimientos ilegales, las hostilidades y las presiones contra Claudia Julieta Duque, conocida periodista y una de las principales víctimas reconocida en el proceso judicial por las “chuzadas” del DAS, como se le conoce a uno de los mayores escándalos protagonizados durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
Por estos hechos están siendo procesados en la Corte Suprema de Justicia los directores del DAS de la época, uno de ellos, María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá por gestiones directas del ex presidente, preocupado porque la ex directora había anunciado que si la capturaban contaba toda la verdad.
Estos procesos, por cierto, van a ritmo muy lento y existe la preocupación de que queden en la impunidad. En el caso de Uribe Vélez está cantado que no habrá ninguna investigación imparcial, pues le corresponde adelantarla a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, conocida como de absoluciones.
En el caso de la periodista Duque, la Fiscalía constató que fue sometida a tortura sicológica, pues los ex funcionarios del DAS asegurados la amenazaron con asesinar a su pequeña hija si insistía en investigar los actos ilegales de este organismo y sobre todo el asesinato del humorista Jaime Garzón. El ente acusador comprobó que le hicieron llamadas telefónicas y en el allanamiento al viejo edificio del DAS, encontraron documentos y manuales de cómo se debía adelantar la presión sobre la periodista.
Los hechos fueron cometidos entre los años 2003 y 2004 por el denominado G-8, un grupo ilegal que se formó en el DAS, con conocimiento de la Casa de Nariño, para que ejecutara acciones ilegales de seguimiento y amenazas contra magistrados, dirigentes políticos de oposición y periodistas críticos del Gobierno.
Los asegurados son el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, el ex subdirector de inteligencia, Carlos Arzayuz, el ex director de inteligencia, Enrique Ariza, el subdirector de contrainteligencia Rodolfo Medina Alemán, el ex subdirector de Operaciones, Hugo Daney Ortiz, Jorge Armando Rubiano y Giancarlo Auque, ex secretario general del DAS.
Narváez está sindicado de haber participado en los asesinatos de Manuel Cepeda Vargas, ex senador y ex director de VOZ y del humorista Jaime Garzón. Es el mismo individuo que regentaba una clase en las escuelas de las “AUC” (paramilitares), denominada “Matar comunistas no es un delito”. Casi lo mismo que sugiere el seriado en RCN Televisión sobre la familia Castaño Gil.
Es la primera vez que la fiscalía acude a protocolos internacionales para tipificar el delito de tortura agravada en modalidad síquica.
Es un paso muy importante, pero aún insuficiente, porque fueron varios los periodistas perseguidos por este grupo de delincuentes del DAS, entre ellos el director de VOZ Carlos Lozano, Hollman Morris y Dick Emanuelsson, de cuyos procesos no hay mayores avances. Inclusive, en el caso particular de Carlos Lozano, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia no lo aceptó como víctima en los procesos contra los ex directores del organismo de inteligencia. Decisión absurda y con cierto tufillo anticomunista.
El director de VOZ anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la persecución que sufrieron él y su familia fue evidente y consta también en documentos hallados en el allanamiento que la Fiscalía realizó en las instalaciones del DAS.
