Aristocracia violenta

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Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH

La reciente movilización indígena y popular desde el sur del país puso de presente nuevamente el carácter autoritario y precario del régimen dominante, que la estigmatizó, amenazó y atravesó todos los obstáculos posibles para impedir que llegara a Bogotá.

La minga partió del Cauca, región históricamente reconocida por el despojo latifundista contra los pueblos indígenas, que tuvo origen en el periodo colonial para el establecimiento de haciendas; desde finales del siglo XIX familias latifundistas del Cauca como los Mosquera Chaux, los Zambrano, los Valencia y los Arboleda, obtuvieron ilegal y violentamente títulos de propiedad sobre terrenos ancestrales de los pueblos indígenas, tal realidad se mantiene hoy cuando el poder latifundista amenaza con expulsar a  las comunidades indígenas.

Investigaciones de Indepaz encontraron que, desde la masacre de Río Chiquito, en Páez, Cauca, perpetrada por el Ejército en 1964, hasta el 2019, se han cometido 171 masacres; de los 42 municipios del departamento en 32 se cometieron masacres. En la mayor parte de ellas habrían participado miembros del Ejército, la Policía y paramilitares, en menor medida las guerrillas. Detrás de esa cadena de horror están los intereses de los poderosos latifundistas de la región.

Pero la minga no buscaba recabar únicamente sobre su problemática regional, su interés estaba en una explicación oficial sobre el actual ciclo de violencia institucional y latifundista cometido contra líderes sociales y firmantes de la paz, a la vez, reclamar por la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana, expresar el rechazo a la brutalidad policial en las protestas y a las políticas extractivistas del gobierno.

Nuevamente el país constató que hay un gobierno exclusivamente al servicio de un puñado de familias aristocráticas y de los intereses del capital multinacional. El presidente solamente está presto para asistir a las convenciones de los gremios del comercio, la Andi, los ganaderos y banqueros, pero se niega a escuchar al campesinado, los trabajadores, la minga indígena, a los estudiantes y a las barriadas populares.

El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo se limita a observar apacible como son asesinados decenas de ciudadanos en zonas “controladas” por sus tropas. La sucesión de asesinatos y masacres han sido posibles por la alianza de los clanes del narco-paramilitarismo con las brigadas y batallones militares; cuando no, es que las órdenes de disparar contra las protestas provienen del propio ministro de Defensa, como ocurrió en la noche del 9 y 10 de septiembre, hechos que continúan en la impunidad.

Hay un baño de sangre sobre el país, las tropas oficiales actúan como un ejército de ocupación que dispara contra su propio pueblo. La política de “sangre y fuego” orientada por Laureano Gómez en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX se recicla, el país transita un nuevo periodo de violencia generalizada, esta vez bajo el auspicio del Centro Democrático y los partidos de gobierno, Duque solo obedece y mira para otro lado.

Fracasó el intento de aislar la minga con mentiras como que, la protesta implicaba aumento del contagio y no las montoneras de la “reactivación de la economía” ni el “día sin Iva”.

A pesar de las amenazas y la creciente presencia de tropas norteamericanas en el país so pretexto de la lucha antidroga, Colombia enfrentará en las calles la política de esa aristocracia arrogante y sanguinaria el 21 de noviembre.

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