Todas las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri, se han tomado bajo la figura de decretos de Estado, sin consultar al órgano legislativo, en una tendencia que afecta la gobernabilidad y el orden constitucional
Bajo la figura de una especie de decretos de emergencia, de espaldas al pensamiento de los miembros de las cámaras parlamentarias, que constituyen el órgano legislativo natural en una democracia como la occidental, el gobierno del presidente Mauricio Macri, que llegó al solio de los presidentes el pasado 10 de diciembre, ha iniciado un acelerado proceso de desmonte de la obra social edificada en 12 años de gobiernos anteriores; pero, por la premura del mandatario, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la legitimidad democrática argentina.
Sin contar con las cámaras parlamentarias ni otros órganos de poder, Macri dispuso la devaluación del peso frente al dólar en un 40 por ciento, golpeando duramente el presupuesto familiar de los trabajadores y a las capas populares de la sociedad. Determinó la eliminación de impuestos para la exportación de carne y productos agrícolas, beneficiando a un fuerte sector empresarial.
Y mientras alivia los ingresos de los grandes empresarios, dispone el aumento de la gasolina y demás combustibles en un seis por ciento, quita los subsidios a la electricidad, combustibles y transporte público y toma una serie de medidas impopulares contra la ley de prensa que ampara el derecho a la información y a la comunicación con un basamento democrático.
Uno de los objetivos del gobernante es dejar atrás más de una década de recuperación económica y social bajo los gobiernos Kirchner, y aplicar en cambio la receta neoliberal.
Junta empresarial
Analistas argentinos aseguran que el nuevo gabinete ministerial fue escogido con el criterio de elección de la junta directiva de una de las empresas del señor Macri. En efecto, no solo no consultó la selección ministerial con los partidos y aliados que lo llevaron al poder, sino que designo en los cargos a antiguos colaboradores de empresas transnacionales, como la Shell, General Motors, IBM, HSBC, LAN, Banco Galicia, Telecom y otras. El ministro que ordenó las alzas en combustibles, fue un antiguo director de la transnacional Shell.
Una de las medidas que más repudio ha causado ha sido la designación, también por decreto, de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin el aval del Senado de la República.
En estas condiciones, mientras en América Latina, el relevo presidencial es una ocurrencia normal en el trajinar democrático, en Argentina ha sido más que eso. Se trata del desplazamiento de un proyecto social, por otro de signo conservador, plegado a las leyes del mercado. No se busca el bienestar de los sectores populares, sino la bonanza de las grandes empresas. Y estos cambios tienen repercusiones en el devenir democrático del continente, que podría regresar al sometimiento incondicional a las leyes del mercado y al desmonte de conquistas sociales, si no se pone en marcha un vigoroso movimiento social de respuesta y resistencia.
