Las denuncias por las malas condiciones de detención existentes en distintas cárceles y penitenciarías del país se reproducen. Diariamente se conocen nuevos casos de maltratos y torturas por parte de los guardias, como así también de presos “suicidados” en sus celdas. Debe sumarse la falta de atención médica y comida adecuada, además del pago insuficiente para los detenidos que trabajan dentro de los propios penales.
“Se confirman los diagnósticos que hablan de un verdadero colapso del sistema penitenciario provincial, que excede en mucho lo que pueda o no hacer el personal o dirección de uno u otro penal, debiendo ser ésta la situación de los ciudadanos pobres, alojados en cárceles para pobres y por ello construidas y sostenidas con mínimo presupuesto”, así concluye un preinforme elaborado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre luego de realizar esta semana una visita a la Unidad 39 del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la localidad de Ituzaingó, al oeste del conurbano bonaerense, en el marco de su campaña contra la violencia institucional.
El informe final será presentado en los próximos días a la Comisión contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, que anualmente publica un Registro Nacional de Casos de Tortura.
El secretario nacional de la Liga, José Schulman, recorrió ayer, miércoles, las instalaciones de la unidad y pudo dialogar incluso con un grupo de reclusos. Los puntos que más llamaron la atención fue lo referido a la alimentación y atención médica que reciben los presos, como así también el hecho de que la gran mayoría se encuentre sin condena.
Para el representante de la Liga, la aplicación de un ajuste presupuestario al Sistema Penitenciario bonaerense se ve claramente reflejada en la provisión de alimentos. Hace más de un año que no se compra pollo ni huevos, y el suministro de carne vacuna fue suspendido hace poco por cinco días. A su vez, cabe remarcar que hace seis meses había un promedio de 500 gramos de carne y hueso por interno, que poco después pasó a 350 y finalmente llegó a los 180 gramos actuales. Además, la Cámara de Conservación de Vegetales tiene una pérdida de gas por lo que no produce frío. Ante esta situación, la comida que habitualmente reciben los detenidos son sopa, guiso y fideos.
En cuanto al sistema médico, Schulman pudo corroborar que las guardias médicas de 24 horas previstas no se cumplen en forma diaria, sino únicamente cuando asisten los doctores del servicio de salud, y cuando esto no ocurre hay un solo enfermero para los casi 700 internos.
Sobre 658 detenidos, 444 no tienen condena. La mayoría ha pasado por los llamados “pactos” o “juicios abreviados”, que consisten en una “negociación” sobre el monto de las penas sin debatir o analizar si la persona es inocente o culpable del delito por el que se lo acusa. Vale aclarar que además no han podido ejercer su derecho a una defensa profesional.
La Liga informó también que en la Unidad 39 de Ituzaingó actúan las llamadas Iglesias Evangélicas, que no tienen relación con las provenientes de la tradición luterana, sino que se trata de “‘grupos de acción’ que disciplinan a los internos mediante prácticas culturales que impulsan la resignación y el sometimiento del débil al poderoso, y no la conformación de una identidad democrática verdadera, que para ser tal, tiene que estar basada en un pensamiento crítico y culto”.
A su vez, la Liga convoca a una conferencia de prensa para mañana, viernes 26 de abril, a las 15, en su sede de Avenida Corrientes 1785, Segundo Piso, Departamento C. Allí se denunciará el no esclarecimiento de la muerte de Florencia Cuéllar. La joven apareció sin vida en su celda en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza el 22 de diciembre del año pasado. Estarán presentes también otros familiares de víctimas de maltratos, torturas y muertes en cárceles y centros de detención.
La Liga patrocinará a la familia de Cuéllar en la querella presentada ante la Justicia para identificar las circunstancias que condicionaron los hechos que desembocaron en su muerte.
En tanto, el martes pasado, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla), César Rodrigo Díaz, y su adjunto, iniciaron una huelga de hambre por tiempo indeterminado luego de que fracasara la mesa de diálogo tripartita conformada por el Sindicato, el Servicio Penitenciario Federal y el Ente Cooperador Penitenciario (Encope). La protesta fue acompañada por una batucada de los detenidos en la Cárcel de Devoto.
El reclamo se debe a que se había acordado el pago del salario mínimo vital y móvil a los 1.077 trabajadores que tiene el penal, acuerdo que efectivamente no se cumplió.
Sutpla fue fundada en julio de 2012 y quedó enrolada en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que preside Hugo Yasky. Ya en sus comienzos contaba con más de 350 afiliados formales. Su objetivo era y sigue siendo proteger los derechos laborales de los internos que prestan servicios en los talleres de los establecimientos penitenciarios federales. Algo que los Servicios Penitenciarios no cumplen, como así tampoco se respeta el derecho a una buena alimentación, una atención médica adecuada, sino que por el contrario la moneda corriente que reciben los reclusos son maltratos y torturas.
Red Eco Alternativo
Fuentes: Liga Argentina por los Derechos del Hombre / Agencia Walsh / Sutpla
