Luis Jairo Ramírez H.
Desde hace varios años está sobre el tapete un debate sobre la grave crisis carcelaria en el país. Hubo sendas investigaciones de la ONU y Defensoría del Pueblo declarando un estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Pero el gobierno y el Estado han prestado oídos sordos a la solución del problema.
Ahora le tocó el fatídico turno a la Cárcel Modelo de Barranquilla. El pasado 27 de enero guardias del Inpec lanzaron una pipeta de gas pimienta, usado para dispersar protestas en campo abierto, sobre internos del patio 7 hacinados en un espacio reducido y provocaron un incendio que le costó la vida al menos a 11 detenidos y heridas a 50 mas. Los sobrevivientes denuncian la desidia de los funcionarios del Inpec, del director de la cárcel de Barranquilla y el teniente Pontón, quienes observaban impasibles como los reclusos padecían la conflagración; un crimen de Estado.
La Cárcel Modelo de Barranquilla tiene una capacidad de 454 internos, pero hoy se encuentran allí 1.300 presos. El patio 7, donde ocurrió la tragedia, tiene cerca de 700 presos, cuando su capacidad es de 120 presos.
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el personero local y el Inpec, que llevan años de ineptitud e indiferencia frente al tema, se limitaron a golpes de pecho y “buenas intenciones” para tratar de ocultar que la dignidad humana y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad son vulnerados días tras día por un Estado que mantiene prácticas criminales.
Nuevamente salen a la superficie las cárceles colombianas como depósitos de seres humanos, verdaderos campos de concentración donde campean la tortura y la muerte, donde se ejecutan medidas represivas y vejatorias al más ramplón estilo medieval; diariamente fallecen allí cientos de detenidos y detenidas por enfermedades terminales, desatención médica, por golpizas propinadas por el personal del Inpec, por negligencia y desidia de guardianes, directores y autoridades del orden nacional.
El problema pretende ser resuelto construyendo mas cárceles, repletas con una creciente delincuencia común resultado del abandono social de un Estado indolente y elitista, pero también hay más de 15 mil presos políticos, rehenes del gobierno, producto de expedientes amañados armados en los laboratorios de la inteligencia militar y policial para judicializar la rebeldía popular; que si fueran liberados resolverían en gran medida la situación actual. Este es el verdadero rostro de un Estado autoritario y corrupto.
Está claro que detrás de la crisis humanitaria de las cárceles colombianas hay problemas estructurales que no se resuelven con paños de agua tibia. Por ejemplo, la ley 1709 del 2014 que acaba de reformar el código penitenciario y carcelario, ha generado muchas expectativas, en realidad tiene un alcance limitado. Como lo ha señalado el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: “La ley tendrá un impacto mínimo en las cifras de hacinamiento ya que, según el gobierno, aproximadamente nueve mil personas podrán recuperar la libertad, frente a un déficit de casi 50 mil cupos penitenciarios”
En vez de cárceles la gente reclama generar empleo digno, educación gratuita, salud integral y oportunidades para una juventud que hoy no tiene un futuro asegurado.
