El árbol podrido de las “chuzadas”

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Presidente Duque en la designación del mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda como nuevo Comandante del Ejército Nacional. Foto Presidencia de la República.

Un nuevo caso de interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición, revelado por la prensa en días pasados, conmociona al país político. Interceptar comunicaciones, hacer seguimientos y construir montajes judiciales se configura como una política de gobierno del presidente Duque

Redacción Política

El allanamiento judicial de la Corte Suprema de Justicia, en septiembre pasado, dejó al descubierto una operación de inteligencia militar ilegal en contra de la oposición al uribismo, periodistas críticos del gobierno, y lo más grave, el espionaje a los magistrados investigadores del imputado Álvaro Uribe Vélez.

En las pasadas administraciones del expresidente Álvaro Uribe se había hecho lo mismo, con similares operaciones, con el modus operandi utilizado en aquel momento por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que compartía información con los batallones de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional con fines políticos.

Antecedentes del uribismo

En el pasado, magistrados que investigaban los nexos entre la criminalidad paramilitar y la bancada parlamentaria adscrita al oficialismo -parapolítica-, pusieron en apuros al Ejecutivo  tras conocerse las investigaciones que adelantaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, principalmente al primo del entonces mandatario Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar.  Las investigaciones demostraron que desde la vinculación de Uribe Escobar a los procesos de parapolítica las operaciones criminales de espionaje contra la magistratura se incrementaron.

Operaciones Andrómeda y Transmilenio

Esas investigaciones dieron a conocer carpetas de clasificación de información con sugestivos nombres para identificar a quienes estaban siendo víctimas de espionaje. Transmilenio I y II, fueron las operaciones por medio de las cuales periodistas independientes al régimen uribista eran perseguidos y sujetos de montajes judiciales, entre ellos el director de VOZ de la época, Carlos Lozano Guillén y algunos miembros de la redacción de este semanario.

El otro caso de seguimiento y espionaje ilegal fue la operación Andrómeda, en la que se vio involucrado directamente el Ejército Nacional y sus batallones de inteligencia y contrainteligencia. En 2014, en pleno proceso de conversaciones entre las delegaciones de paz de las FARC-EP y el Gobierno Santos, la operación de interceptación y escucha ilegales fue denominada Andrómeda y consistía en chuzar a los protagonistas del proceso de paz.

El partido Centro Democrático siendo oposición al Gobierno Santos, desde el inicio de las conversaciones de paz en La Habana, recibía información privilegiada sobre desplazamientos de comandantes de la insurgencia a Cuba o infidencias sobre las conversaciones que transcurrían en la sede de los diálogos.

Chuzadas 2.0

Incluso el expresidente Uribe publicó en su cuenta de Twitter las coordenadas exactas, hora aproximada y cantidad de guerrilleros que salían del país con destino a Cuba. A la postre se conoció que la información era la recolectada por los oficiales de inteligencia en la llamada Operación Andrómeda.  Uribe manifestaba “traición a la patria no es filtrar las coordenadas, sino facilitar la salida de guerrilleros del país”. Hasta ahora no hay un solo militar o civil investigado o condenado por esta operación criminal.

Hoy sucede lo mismo con un protagonista distinto en la Presidencia, pero el mismo partido de Gobierno. Iván Duque ha dicho de manera timorata que el descubrimiento de una operación criminal de inteligencia es cuestión de manzanas podridas. Su talla como mandatario no le permite entender la gravedad de los sucesos, todo lo contrario, ha venido generando cortinas de humo para evitar responder de fondo sobre su responsabilidad en esas actuaciones.

La publicación que revela la operación ilegal de inteligencia descubierta tras el operativo hecho por la propia Corte Suprema de Justicia a los batallones de inteligencia en Facatativá demostraría que los mandos superiores están al tanto de las operaciones ilegales, incluso a sabiendas que la información recolectada era enviada a un importante político del partido Centro Democrático.

Días después, Noticias UNO reveló que fue encontrado un micrófono camuflado en el despacho del magistrado César Reyes, miembro de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y quien adelantaba la investigación por fraude procesal y soborno al senador Álvaro Uribe Vélez.

El Gobierno nacional, advertido de la diligencia judicial de allanamiento, y puesto al descubierto el espionaje, optó por apresurar la salida del general Nicacio Martínez, enviando una señal inequívoca que el mando militar estaba enterado de lo sucedido.

La oposición reacciona y el gobierno responde

La oposición respondió señalándolo como el primer responsable político de tales acciones al jefe de Estado, Iván Duque. “La Corte Suprema allana la central de inteligencia del Ejército de Colombia y encuentra que están interceptando a los magistrados de la Corte, a los periodistas y a los dirigentes de la oposición. Solo por esto debería procesarse al Presidente. Pero ya compraron el Congreso”, señaló el senador Gustavo Petro.

Minimizar los hechos y responsables es una estrategia gubernamental, hasta ahora sin el efecto esperado. Por el contrario, se analiza una posible alianza entre las operaciones ilegales de inteligencia y contrainteligencia con la muerte sistemática de líderes sociales. Así lo señaló la senadora por la Unión Patriótica, Aída Avella. “Pregunto si este aparato -refiriéndose a un artefacto usado para interceptar comunicaciones- lo utilizan para el seguimiento de líderes sociales, porque el genocidio que se vive hoy contra líderes es sistemático, van 17 muertos en lo corrido del año, los asesinos no se equivocan, saben dónde están los líderes, con quién hablan los líderes sociales y qué hacen; saben todo y les disparan. No pierden bala”, dijo.

La respuesta del partido de gobierno se dio en un escueto comunicado de prensa donde no dan crédito a la versión periodística. El expresidente Uribe anunció que lo enlodarían culpándolo de ser el receptor de la información ilegalmente obtenida, en una especie de confesión de parte. Tanto en las operaciones de chuzadas del DAS y Andrómeda no se conocían los destinatarios de cada uno de los informes de inteligencia. Se señalaba a sectores “de ultraderecha”, pero en esta ocasión se conoce con certeza, según comprobó Semana, con la versión de uno de los involucrados que era al partido de Gobierno al que le llegaba la información.

La opinión pública nacional e internacional ha condenado las operaciones ilegales y ha señalado la necesidad de depurar las fuerzas militares como lo advirtiera el informe final del Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra la impunidad, a propósito de los casos de falsos positivos que involucran al Ejército nacional, realizado por Louis Joinet, llamado “Principios Joinet”, del año 2015 sobre la depuración de las instituciones estatales.

En dicho informe se sugiere cómo el Estado y sus gobiernos deben orientar la democratización de sus instituciones e impedir el acceso o la permanencia en cargos públicos, de aquellas personas sobre las que existan elementos que den cuenta de su vinculación con violaciones a derechos o su connivencia con esas prácticas. Va siendo hora de hacer realidad dicha recomendación.

150 Comentarios

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