Aprueban marco de justicia transicional: ¿Inane o eficaz?

0
El fallo de la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz no descubrió el agua tibia y el efecto aún está por verse porque las FARC-EP no aceptan dicha iniciativa gubernamental por unilateral e impositiva, según su opinión.

Al aprobar el “marco jurídico para la paz”, con la modulación del fallo, la Corte Constitucional no descubrió el agua tibia. El problema no es jurídico sino político, porque es instrumento unilateral que no tomó en cuenta a la contraparte guerrillera

El fallo de la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz no descubrió el agua tibia y el efecto aún está por verse porque las FARC-EP no aceptan dicha iniciativa gubernamental por unilateral e impositiva, según su opinión.
El fallo de la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz no descubrió el agua tibia y el efecto aún está por verse porque las FARC-EP no aceptan dicha iniciativa gubernamental por unilateral e impositiva, según su opinión.

Hernando López

La Corte Constitucional, en sesión plenaria del pasado miércoles 29 de agosto, declaró exequibles los tres artículos del “marco jurídico para la paz”, demandados por la Comisión Colombiana de Juristas, en votación de siete contra dos de los magistrados que la integran. Aunque la decisión moduló lo que algunos llaman los alcances de la negociación de paz.

Para la Corte Constitucional el llamado marco jurídico para la paz se ajusta a la Constitución Política de Colombia, aunque advirtió que quienes aspiran a los beneficios de pena alternativa deben ponerle fin a la guerra, dejar las armas, cumplir con la entrega de menores de edad en las filas guerrilleras y también entregar los cuerpos de las víctimas.

Advertencia para algunos de Perogrullo, porque si los diálogos culminan con un acuerdo de paz estable y duradera pues seguramente todas esas exigencias, establecidas en el Acuerdo General de La Habana, serán herramienta eficaz en este sentido. Y agregan otra perla igual: “Para que sea aplicable el marco jurídico para la paz es necesario exigir el fin del conflicto armado”.

Algo obvio, consignado en el mencionado Acuerdo General: “Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la Agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera”. Así, pues, la Corte Constitucional no descubrió el agua tibia.

La decisión constitucional fue ambientada con suspenso desde los medios de comunicación, como si con la aprobación de este acto de iniciativa gubernamental, no consultada con la contraparte, quedara asegurada desde ahora, cuando está lejos el acuerdo final, el logro de la paz con justicia social.

El Gobierno y los congresistas lo creen así. Para el presidente Juan Manuel Santos, en opinión exagerada, “el éxito de las conversaciones que adelantamos actualmente en La Habana depende en gran medida de la decisión que ha tomado la Corte. Este es un mensaje para las FARC y para todo el país: el logro de la paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos”.

Mientras que para congresistas, “el aval de la Corte pone más cerca la llegada de la paz”. El ex presidente del Senado y principal arquitecto del “marco legal para la paz” en el Congreso, senador Roy Barreras, poco más o menos cree que la paz está garantizada con el “fallo histórico de la Corte Constitucional”.

Baldado de agua fría

Para las FARC-EP: “Nuestras reflexiones sobre un marco jurídico fuera de contexto, que por la manera inconsulta que fue tramitado resultará inane para el desenvolvimiento del proceso”. Ese fallo ni le va ni le viene a las FARC, según lo explicó uno de los voceros en la mesa de paz.

Y, además, lo había advertido Andrés París de la delegación guerrillera, en la edición anterior de este semanario, al rechazar el anunciado referendo constitucional: “(…)Es la segunda vez que acude a esta artimaña (decisiones unilaterales e inconsultas. Nota de VOZ). El otro caso se presentó con el llamado marco jurídico. Las FARC-EP ratifican que no acogen, no apoyan ninguna disposición oficial que se tome a nombre de la paz si no consulta con nuestra opinión y la de los colombianos”.

Tanto el “marco jurídico para la paz” como el referendo constitucional anunciado la semana pasada y que generó un incidente en la mesa, son considerados como maniobras electoreras y reeleccionistas de Santos y de la Unidad Nacional. Son violaciones del Acuerdo General que establece el criterio de bilateralidad y del acuerdo entre las dos partes de todas las decisiones contenidas en la agenda. El punto sexto contiene lo relacionado a la refrendación de los acuerdos y el quinto es el de las víctimas, espacios para discutir y acordar lo del referendo constitucional y el marco jurídico.

A las FARC-EP les molesta la decisión unilateral e impositiva. A todas luces violación del Acuerdo General de La Habana que establece los procedimientos de elaboración y aprobación de las dos partes, pero también es unilateral el tratamiento de los temas. El marco jurídico alude de manera exclusiva a la guerrilla y excluye los delitos del Estado, principal depredador de los derechos humanos y de los peores horrores de la guerra.

En este sentido, la delegación de paz ha propuesto “la integración de una comisión conformada por expertos nacionales y extranjeros en aras de investigación de la historia, para que se establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno, que hasta solo en fecha reciente vino a ser reconocido por el Estado a fin de permitir la aplicación del Derecho Internacional Humanitario”.

Pero además, deja constancia de lo que a su juicio fueron las violaciones del Estado: “El enemigo nunca fue ni ha sido fácil; no se sujetó a normas de combate. Fue ayudado, entrenado y financiado por fuerzas foráneas que nunca tuvieron una visión del país nacional nuestro; nunca conocieron las angustias de los pobladores de nuestras zonas tomadas por la pobreza, la injusticia, el desamparo y la represión. Confundieron la patria con su guerra fría y crearon y auspiciaron fuerzas desalmadas, so pretexto de buscar al enemigo interno que amenazaba sus privilegios de clase”.

“Así y todo, debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación”.

Pero, además, aceptaron reconocer los casos en que hayan sido los causantes de tragedias humanitarias y de errores en sus acciones militares que dejaron víctimas. Tal afirmación fue saludada, inclusive, por los voceros gubernamentales y en alguna declaración del presidente Juan Manuel Santos.

Culmina ronda de diálogo

Al tiempo, en La Habana culminó la ronda de la Mesa de Diálogo el pasado 26 de agosto y ambas partes celebraron el primer año de la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En dos comunicados consignaron los avances de esta nueva ronda. La próxima comenzará el 9 de septiembre y continuará desarrollando el tema de la Participación Política.

En el primer comunicado, señalan que continúan avanzando en la construcción de acuerdos sobre derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final y sobre acceso a los medios de comunicación. En el comunicado conjunto dicen: “Discutieron e intercambiaron propuestas sobre los otros temas contenidos en este punto de participación política y participación ciudadana”.

“En la Mesa, las delegaciones presentaron sus respectivas visiones sobre ‘Implementación, verificación y refrendación’ de los acuerdos, que corresponde al punto sexto de la Agenda. Además, ambas delegaciones han presentado visiones generales sobre todos los puntos de la Agenda, ratificando el compromiso de abordarlos en desarrollo de la discusión y las conversaciones de la Mesa de La Habana”.

De otra parte, acordaron convocar un nuevo Foro “Solución al problema de las drogas ilícitas”, del 24 al 26 de septiembre, en Bogotá, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, con amplia participación y de características similares a los anteriores.

Del 1 al 3 de octubre en San José de Guaviare, adelantarán un capítulo especial para recoger testimonios sobre el tema.

Al finalizar el ciclo, la delegación de paz de las FARC-EP reveló la propuesta del Secretariado de pactar una tregua bilateral durante la campaña electoral, para que la misma no esté alterada por las acciones militares de las partes.