¿Anti-corrupción VS Acuerdos de Paz? Un falso debate  

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Luisa Cajamarca

En una encuesta reciente, los colombianos, expresaron que dentro de las prioridades del país de cara a las elecciones presidenciales, se encontraban en los tres primeros puestos el desempleo, la salud y la corrupción,  ubicando la paz y los acuerdos firmados en los puestos de menor relevancia[1]. Hoy los titulares de prensa, y las ya avanzadas campañas presidenciales, sitúan la lucha por la corrupción y la paz en caminos opuestos, cada uno por una dirección contraria.

Estas preocupantes y recurrentes afirmaciones las vemos todos los días, las sentimos todo el tiempo. Es claro que a los colombianos y a las colombianas, nos preocupa la corrupción, sin embargo nos las muestran como situaciones tan normalizadas, que son casi imposibles de cambiar. Por eso vale la pena, hoy, recordar que en el congreso se encuentran en trámite algunas leyes que apuntan a acabar en algunos aspectos  la corrupción.

Los Acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno y las FARC-EP,  además de acabar con la guerra, también pretenden ampliar la participación política y frenar la corrupción. Sí, en los Acuerdos se pactan elementos sustanciales para avanzar en la lucha anti-corrupción. La posibilidad de construir una nueva institucionalidad, de abrir la política a nuevas caras, de transformar esa normalidad  donde se intercambian votos por tamales, donde los contratos estatales se adjudican a dedo; el chance de cambiar esa vieja y oxidada política en la que hemos crecido, y que tanto rechazamos. En pocas palabras, iniciar el cambio de esas formas “tradicionales” y nefastas de hacer política o mejor politiqueria.

Tal y como lo señala Elizabeth Ungar, anterior directora de Transparencia por Colombia, institución reconocida por su riguroso estudio en temas de corrupción política, algunas de las debilidades con que cuenta el país para superar este flagelo son, entre otras; el clientelismo, la impunidad, la falta de transparencia en la financiación política, la falta de cultura de rendición de cuentas y ciertas fallas en el diseño institucional estatal.  Sugiere que somos uno de los países que más alto perciben los niveles de corrupción en América Latina,  y asegura que en los últimos años no ha habido cambios significativos, lo que indica que las políticas y acciones emprendidas para enfrentar la corrupción no han sido eficaces[2].

En este sentido, debido a los Acuerdos de Paz se encuentran en trámite en el Congreso  aspectos específicos que pretenden dar la pelea directa en contra de la corrupción, o por lo menos intentar reducirla sustancialmente:

  • Reforma al sistema electoral que se basa en tres ejes[3]: 1) mayores oportunidades de participación a jóvenes, mujeres y grupos étnicos. 2) fortalecer las instituciones electorales 3) fortalecer y modificar el sistema de partidos para que sean más fuertes con prácticas más transparentes y menos clientelistas, 4) financiamiento estatal de la política, para reducir los costos de la actividad política sobre todo de las campañas electorales, aumentar los controles y las rendiciones de cuentas por parte de los candidatos y de los partidos creando una unidad especializada que pueda vigilar y hacer seguimiento de la circulación de  los fondos de campañas. Esto nos evitaría pasar por situaciones como el reciente escándalo de Odebrecht, entre muchos otros ejemplos. Dicho modelo de financiación estatal de  campañas políticas puede significar un cambio trascendental para los partidos políticos, representa una solución  concreta al problema de cada cuatro años, donde se gastan cifras altísimas de dinero (legal o ilegal) en publicidad y  muchas veces en compra de votos.
  • Otra de las propuestas útiles como herramienta para combatir la corrupción, son los canales de participación ciudadana. Se está a la espera de una Ley que fortalezca el proceso de veedurías ciudadanas y de transparencia, en donde la ciudadanía, especialmente las comunidades en los territorios pueden exigir de forma directa la rendición de cuentas por parte de lo funcionario públicos y ver qué se está haciendo con el dinero destinado a inversiones regionales.

Claro que los Acuerdos de Paz no tienen todas las soluciones, ni que se van a dar por arte de magia, pero mientras hacemos una Política Publica Anti-corrupción, y hacemos un “sacudón” en la administración pública, las propuestas legislativas que trajo consigo la paz, y que ya se están tramitando en el Congreso (muy lentamente), garantizarán un paso contundente en la batalla en contra de la corrupción. Aprovechando esta coyuntura de convulsión política, social, cultural, podríamos darle una oportunidad para que la paz no solamente salve miles de vidas en todo el territorio nacional, sino que nos permite avanzar  y desarrollarnos como país, acabando de una vez por todas con este cáncer que nos carcome. Una oportunidad, a presionar que estas leyes, normas y decretos, pactados en los Acuerdos de Paz,  se cumplan y que posibiliten  un gran debate nacional, sobre la necesidad de transformar la cultura política de nuestro país.

[1]http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/gran-encuesta-mayo-17.pdf

[2]http://razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/1510-la-corrupcion-en-colombia

[3]http://colombia.nimd.org/recomendaciones-finales-de-la-mision-electoral-especial/

@LuisaCajamarca

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