Periodistas, opositores y delegaciones de paz en La Habana son interceptados de manera ilegal desde fachadas de inteligencia del Ejército. Sabotaje a la paz
Hernán Camacho
Ni supuestas ni legales. La revelación de la Operación Andrómeda, encargada de la interceptación de comunicaciones a todo nivel, desde un restaurante como fachada en la céntrica zona de Galerías, en Bogotá, dejó en claro que los enemigos de la paz tienen un aparato político-militar para sabotear desde cualquier trinchera las conversaciones de La Habana.
Lo evidente es lo ilícito de las operaciones, lo inexplicable es el cambio de discurso en menos de un día del presidente Juan Manuel Santos, quien en la mañana que el portal web de la revista Semana divulgaba las “chuzadas” a miembros de la delegación de paz del gobierno nacional y otras personalidades políticas de izquierda denominados “los de siempre” manifestaba un desconcierto por la información. De hecho convocó una reunión al más alto nivel para enterarse de la situación y preparar sus primeras reacciones.
Doble discurso
Al lado del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y del director general de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, declaró: “Estas fuerzas oscuras están tratando de sabotear el proceso de paz, necesitamos saber si tienen contactos internos. Eso quiero que lo investiguen a fondo”. Pero no pasaron 24 horas cuando el primer mandatario se retractó de lo dicho y señaló que todo lo que ocurría bajo la Operación Andrómeda era lícito. ¿La razón? Aún está por descifrarse.
Se dice que el repentino cambio de opinión se debe al malestar al interior del Ejército, tras el remesón del general Mauricio Zúñiga, jefe de Inteligencia del Ejército, y del general Jorge Zuluaga, director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), que generó una avalancha de críticas y mensajes contra la presidencia que terminó en la llamada recogida de velas para no incendiar aun más la plaza de armas del Ministerio. “El tal Andrómeda no existe”, comentaron periodistas que cubren Casa de Nariño.
El destinatario
Los sectores “duros” del Ejército, en contradicción con el proceso de paz, reclamaron. A ellos se les atribuye la autoría de entregar información privilegiada al ex presidente Álvaro Uribe Vélez de las coordenadas de salida del país del comandante de las FARC Pablo Catatumbo, plenipotenciario de la guerrilla en la mesa de negociaciones el pasado mes de agosto.
Lo que confirmaría las informaciones obtenidas por VOZ, señalando que los resultados obtenidos de la Operación Andrómeda pasan por manos del ex mandatario como su primer receptor. Confirmando así la autoría de otros incidentes con los cuales se ha atentado contra el proceso de paz, incluso, desde antes de su inicio. De hecho, Francisco Santos, en su calidad de director de RCN Radio, publicó como primicia el inminente inicio de las negociaciones cuando el país aún no conocía detalles de acercamientos secretos entre la insurgencia y el gobierno. “Eso con la intención de predisponer al país en contra de las conversaciones”, le dijo en aquella época un analista a VOZ.
División militar
Lo que se desprende es la eventual ruptura al interior de las Fuerzas Militares entre los enemigos de la paz y los oficiales disciplinados que acatan la doctrina presidencial. Los primeros son llamados la “generación de los 70”, como lo publicó El Colombiano. Un grupo de al menos 70 militares en retiro y activos a quienes se les adjudica la organización y puesta en marcha de operaciones tipo Andrómeda en las principales ciudades del país.
Esta “generación de los 70” sería la encargada de hacer operaciones de espionaje en el propio territorio cubano a la delegación de paz de las FARC y al gobierno nacional. Operaciones que tendrían el visto bueno de altos mandos militares, incluso, se dice, que del propio ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón.
Por eso muchos analistas políticos consideran que Santos se encuentra “secuestrado” por una amenaza de sables al interior de las Fuerzas Militares. Profundizar la división latente de los altos mandos haría un daño irreparable al proceso de paz. Esa división se quiso zanjar cuando en septiembre el mandatario removió la cúpula militar en una sorpresiva decisión. En aquel momento el general Sergio Mantilla, considerado un tropero enemigo del proceso de paz, fue el primer sacrificado junto a León Riaño, director de la Policía Nacional. Los dos eran considerados jefes de la oposición a Santos dentro de la tropa.
Opiniones
De ahí que las víctimas de las chuzadas, líderes de izquierda como Carlos Lozano, Piedad Córdoba, Iván Cepeda y otros dirigentes pidieran la cabeza del primer responsable político del escándalo: “El ministro Pinzón y el comandante del Ejército deben renunciar y se debe dar otra orientación a la labor de inteligencia del Ejército, siempre dirigida a buscar el ‘enemigo interno’ entre los críticos del régimen y los luchadores sociales”, declaró Lozano.
Aida Avella, candidata presidencial de la Unión Patriótica, se pronunció en torno a la necesidad de purgar de enemigos el proceso de paz.
A su juicio, esa conspiración es agenciada por la expresión de extrema derecha mediante estrategias de terrorismo de Estado, que frente al empuje de las movilizaciones sociales, la presencia electoral de la UP y otras fuerzas democráticas, y ante el precario respaldo ciudadano a tres opciones de derecha en las elecciones presidenciales, Oscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez y Enrique Peñalosa, “ven amenazados sus intereses y privilegios, por los cuales están dispuestos a apostarle a la guerra como medio de conservar el poder político, económico y militar que hoy ostentan”.
Contra la paz
Esas fuerzas oscuras de las que habla el presidente Santos son las mismas que están detrás de las amenazas a la Unión Patriótica, a la Marcha Patriótica y a la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA); así como al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Iván Cepeda y Hollman Morris, gerente del Canal Capital. VOZ ha advertido del estrecho margen político con el que cuenta el ex presidente Álvaro Uribe y su proyecto político avocándose a acciones de cualquier índole que pretenden disparar roquetazos al proceso de paz.
“La paz tiene enemigos dentro y fuera del gobierno, y si el presidente Santos quiere avanzar en dirección a la paz estable y duradera debe separarlos porque son un obstáculo para el éxito de la mesa de La Habana”, señaló Carlos Lozano, víctima de este tipo de operaciones desde el liquidado DAS.
Por su parte, la insurgencia de las FARC en La Habana indicó que la paz no es “subversiva” ni “terrorista” para que sea sometida a espionaje y seguimiento con el beneplácito del propio gobierno.
Coinciden con quienes alertan sobre la capacidad militar y política de la extrema derecha contra los cambios en Colombia: “Los francotiradores que de manera insensata y loca están disparando contra la solución política del más prologado conflicto del continente deben ser inmediatamente desarmados. Si no pudieron ganar la guerra, déjennos hacer la paz”, indicó Iván Márquez.
