La jurisdicción militar se ocuparía de juzgar las violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la Fuerza Pública
Hernán Camacho
@camachohernan
La estrategia ministerial de propiciar impunidad a los actos violatorios de los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares está teniendo sus frutos. En la vía parlamentaria y en la opinión pública se enfocaron los esfuerzos de la cúpula castrense para transformar a toda costa la Justicia penal militar. Según defensores de derechos humanos, solamente los falsos positivos tienen encartados a seis mil miembros de la Fuerza Pública, de los cuales 3.340 ya tienen medida de aseguramiento.
Mientras en la gran prensa se defiende la necesidad de ampliar el fuero penal militar y modificar la jurisdicción que rige sus actos con influyentes editorialistas que apelan a sustituir las razones jurídicas y constitucionales por motivaciones emocionales, alertando de una supuesta guerra jurídica contra la Fuerza Pública, en el Congreso de la República se han tramitado en los últimos tres años siete iniciativas legislativas para ampliar el rango de jurisdicción para los militares.
En palabras del investigador de la Universidad del Rosario Manuel Fernando Quinche, lo que se tramita sigilosa y hábilmente en el Congreso de la República llevará a favorecer la impunidad. Y agrega que no solamente la disputa es en el campo legislativo, también la opinión pública es escenario de confrontación. “Dentro del capítulo de prensa para la defensa del fuero penal militar se ha venido colando la idea de la existencia de una persecución a los héroes de la patria. Persecución que los cohíbe y les deja la moral en el piso. Y sobre esa propaganda es que se legitiman los proyectos de ley para la reforma al fuero penal militar”, dijo.
Ponencia positiva
La ampliación del fuero penal militar está en su recta final y casi todo consumado. El 27 de mayo pasado el representante a la Cámara conservador Óscar Fernando Bravo presentó para último debate ponencia favorable al proyecto de acto legislativo de reforma al artículo 221 de la Constitución Política de Colombia. Esa es una de las siete iniciativas que el Ministerio de la Defensa ha presentado para blindar a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos ante la Justicia ordinaria.
El objetivo primordial del acto reformatorio es desvirtuar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como ley especial en el marco del conflicto armado. Según la iniciativa, todos los actos de los miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto quedarán amparados por las normas del DIH, sin importar si son acciones propias del servicio o no.
El acto modificatorio de la Constitución obliga a que los operadores de justicia deban tener una “formación y conocimiento adecuado en el DIH” para ser competentes a la hora de administrar justicia. En palabras de los voceros del Centro Democrático, “los jueces desconocen las circunstancias de la guerra”, explicaba Paloma Valencia, senadora de esa colectividad.
Audiencia en la CIDH
Lo que pretende el proyecto es tipificar todas las conductas de los miembros de la Fuerza Pública como actos del servicio, dado que Colombia enfrenta un conflicto armado que no se rige por las reglas de la guerra. Una jugada de ingeniería jurídica que fue puesta al descubierto en la audiencia pública efectuada en la sesión 154 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington el pasado mes de marzo por defensores de derechos humanos.
Allí se advirtió, ante la delegación del Estado colombiano encabezada por la jefe del gabinete del Ministerio de Defensa, María Consuelo Rodríguez, cómo la reforma que discute el legislativo atenta contra la justicia y la verdad, amén de facilitar la impunidad.
Para Liliana Ávila, de la Comisión de Justicia y Paz, participante en esa audiencia, la ampliación del fuero penal militar es un retroceso de la Justicia colombiana en términos del derecho a la verdad de las víctimas y la no repetición: “Estas iniciativas legislativas tergiversan el sentido y la naturaleza del DIH y el significado de los derechos humanos”.
Las acciones de la Fuerza Pública que conduzcan a lesionar derechos fundamentales no tienen ninguna conexidad con su función pública. En la estructura del Estado, la Justicia castrense está adscrita al Ministerio de la Defensa y por lo tanto su actuación es limitada y excepcional, por tanto, al aprobarse el acto legislativo, se romperá el equilibrio de poderes, pues los militares quedarían excluidos de la Justicia ordinaria.
Preocupación internacional
Esa preocupación la comparten defensores de derechos humanos. El congresista Alirio Uribe dijo que la reforma, además de atentar contra el equilibrio del Estado, también lesiona los compromisos adquiridos por Colombia en los tribunales extranjeros. “Hay informes de los relatores de Naciones Unidas y comisiones de trabajo que están advirtiendo los riesgos. La pregunta es por qué el Congreso vota a favor este tipo de reformas que están a favor de la impunidad de graves crímenes”, explicó el parlamentario.
Las recomendaciones de los organismos internacionales le señalan al Ejecutivo que recapacite y no siga apoyando ese proyecto, o tendrá consecuencias negativas. La Federación Internacional de Derechos Humanos hizo un llamado al Gobierno colombiano para revisar y suspender la iniciativa. “El avance de estas propuestas desconoce los compromisos asumidos por su país en los diversos instrumentos, tratados y pronunciamientos del sistema interamericano y universal de protección de los derechos humanos”, dijeron sus voceros.
Mensaje equivocado
Para la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, organización que agrupa defensores de derechos humanos colombianos, esta iniciativa tiene en el fondo la intención de afianzar un “pacto de silencio” ante las violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado como una política pública de seguridad nacional.
Y va más allá la Coordinación señalando: “Pedimos la implementación de medidas que garanticen la no repetición de estos crímenes, tales como la derogación de los manuales, directivas, y órdenes de exterminio y de persecución a opositores políticos, defensores de derechos humanos y líderes sociales, y la anulación de las doctrinas sobre la Seguridad Nacional y sobre el enemigo interno”.
La oposición de la iniciativa en el Congreso y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, anunciaron que en caso de quedar en firme la ampliación del fuero penal militar presentarán ante instancias nacionales e internacionales los argumentos suficientes para demandar por inconstitucionalidad la reforma. Pero también señalaron que demandarán del presidente Juan Manuel Santos dejar la ambigüedad y la incongruencia para reconfigurar las reglas de juego de la guerra en Colombia, ya que esa reforma constituye un pésimo mensaje a la mesa de conversaciones La Habana.
