América Latina: un volcán en ebullición

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Protesta en Chile.

Las resistencias de los últimos meses son muestra del fracaso de políticas que empobrecen a los pueblos

Alberto Acevedo

Los estallidos sociales se multiplican aceleradamente en América Latina en las últimas semanas. La gente lucha por defender una visión de justicia social, unas veces en las calles, otras veces en las urnas. Un denominador común enciende la protesta y agota la paciencia de millones de seres humanos: la receta neoliberal ha probado ser insostenible, ha fracasado estruendosamente en esta parte del hemisferio.

El ejemplo más dramático de este panorama de lucha social se vive en estos momentos en Chile. El anuncio del alza en las tarifas de transporte en el metro subterráneo, fue la gota que rebozó la copa de la paciencia frente a tres décadas de gobiernos neoliberales que, además, no rompieron nunca con la herencia pinochetista.

No son pues las actuales, protestas solo contra el alza en el metro, sino también contra un cuarto de siglo de pinochetismo agazapado que se ha traducido en incremento de la pobreza, precarización del trabajo asalariado, privatización de las empresas del Estado, detrimento en la prestación de servicios de salud, educación, vivienda.

El malestar se extiende de Haití a Chile, de Perú a Argentina. En Perú persisten las secuelas de una crisis de gobernabilidad y de corrupción profunda, que mantiene sometidos a procesos judiciales o en la cárcel a todos los expresidentes vivos, que llevó a la disolución del parlamento, a elecciones anticipadas y provocó una formidable movilización social.

Desafíos a la democracia

En Ecuador, el presidente Lenín Moreno tuvo que dar marcha atrás al aumento de la gasolina y a un paquete de medidas económicas regresivas, después de 12 días de protestas, siete muertos y más de mil heridos. Pero en una actitud vengativa, el mandatario ha iniciado una campaña de represión contra lo que denomina el ‘correísmo’, vale decir, contra todo el movimiento campesino, indígena y popular en su conjunto.

En Haití la gente se lanzó a las calles para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise, responsable de la crisis económica que mantiene a la mitad de la población por debajo de los índices de pobreza y está incurso en escándalos de corrupción al dilapidar recursos de ayuda humanitaria, provenientes de Estados Unidos y de Venezuela.

En México, el omnipresente poder del narcotráfico ha planteado un desafío sin antecedentes al gobierno del presidente Manuel López Obrador, enviando el mensaje de que aún tienen control territorial y no van a permitir acciones policiales como el intento de detención del hijo del ‘Chapo’ Guzmán. El rescate a tiros del narcotraficante, estremeció México en las últimas semanas.

Plan golpista

Bolivia vivió una jornada electoral en la que ganó Evo Morales y ganó el país. Pero en la recta final, el presidente Morales denunció la existencia de un plan de golpe de Estado, diseñado desde Washington para deslegitimar el proceso de reformas sociales en ese país plurinacional.

El libreto estaba diseñado varias semanas antes de los comicios, y planteaba que cualesquiera fuera el resultado de las urnas, se iba a montar el cuento de un fraude. Y en efecto, rápidamente las organizaciones de bolsillo de la Casa Blanca, con la OEA a la cabeza, comenzaron a repetir el estribillo, como buenas marionetas. La OEA no ha condenado los crímenes en Haití, ni la violenta represión en Chile. Pero ha puesto los ojos en Bolivia y clama -para satisfacción de la Casa Blanca- que se convoque a nuevas elecciones. En un escenario así, habría más dinero de Washington para los grupos desestabilizadores y el resultado de las urnas podría ser diferente.

En Brasil, el presidente Bolsonaro, activista de la violencia, el racismo, la xenofobia, el machismo y la destrucción de la Amazonia, enfrenta ya las resistencias al discurso oficial que reivindica los golpes militares del pasado. En Honduras, la justicia norteamericana condena a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de la república, por la introducción de casi 200 mil toneladas de cocaína a los Estados Unidos, delito que salpica al presidente Juan Orlando Hernández.

Contexto colombiano

En el istmo centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, cada uno a su manera, viven la tragedia de la pobreza, la dependencia económica, la exclusión social y las migraciones hacia el país del norte en busca de un sueño dorado.

En Colombia, las multitudinarias marchas de estudiantes, maestros y trabajadores, el creciente asesinato de líderes sociales, corroboran el fracaso del modelo económico. El presidente Duque, recién hizo el ridículo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al presentar un dossier de fotos falsas contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Las fotos conocidas posteriormente del “presidente encargado” Juan Guidó, abrazado con los jefes paramilitares del grupo Los Rastrojos, evidencian una vergonzosa política exterior por parte de Colombia, que conduce al país al aislamiento.

Se resiente la derecha

La insurrección en América Latina es contra décadas de miseria, de desprecio, discriminación social, contra una obscena desigualdad y contra gobiernos autoritarios. Los ajustes impuestos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, son iguales para todos los países de la región. Comienzan eliminando o reduciendo el gasto público. Luego privatizando todos los bienes del Estado; los ahorros de los trabajadores logrados después de una vida entera de privaciones. Después imponen la flexibilización de la relación laboral entre trabajadores y empresarios, reduciendo en forma significativa los salarios.

Las resistencias de los últimos meses son muestra del fracaso de políticas que empobrecen a los pueblos. Lo que habría que preguntarse es cuánta democracia puede ofrecer el modelo neoliberal frente a una población en las calles que reclama justicia social. Con gobiernos que privatizan todo, que entregan las riquezas naturales a consorcios extranjeros, que se enriquecen en vergonzosos procesos de corrupción como el que simboliza el caso Odebrecht.

Está claro que la fuerza de la movilización social golpea las iniciativas políticas de la derecha regional, desgasta a los gobiernos neoliberales, a instrumentos suyos como la OEA y el Grupo de Lima, y, de contera a los grupos de oposición golpista en Venezuela, que ven cada día más lejana la idea de derrocar al presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro.

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