El incumplimiento a lo acordado, luego de negociar un petitorio de los profesores, provocó una serie de querellas, fallos judiciales y persecuciones
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Como todas las tardes, el pasado 22 de junio, luego de sus labores académicas, la profesora Claudia Patricia Parra Medina se dirigía en su vehículo a su casa. Recuerda que la migraña que soportaba ese día apenas la dejaba conducir y que cerca de la Plazuela Almeyda en Pamplona, tuvo que hacer un pare en un cruce. Se percató de que a su lado se detuvo una motocicleta de alto cilindraje sin dejar de acelerar fuertemente y que al voltear vio que sus dos motociclistas le decían algo. Para escuchar bajó el vidrio de su ventana. Le gritaban que no fuera sapa, que no se metiera en lo que no importaba y la insultaban con términos soeces, mientras se pasaban el dedo índice por el cuello… Estaban vestidos con chaquetas impermeables y cascos, por lo que no los pudo detallar: “Cuando quise reaccionar, tenía un carro adelante y otro atrás, entonces no pude sacar la camioneta, pero vi que la moto no tenía placa. No supe qué hacer, quedé estupefacta. Llegué a la casa muy asustada, aunque no le conté inmediatamente a mi esposo”. Diez días después interpuso la denuncia en Bogotá.
Claudia Patricia es profesora de la Universidad de Pamplona y es la presidenta de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, en la seccional de esa institución. Aunque no sabe qué detonó su amenaza, sí cree que es por su trabajo sindical en el que su beligerancia la ha hecho interponer varias querellas ante diversas instituciones estatales, para pedir investigaciones a las directivas del ente educativo y para defender los derechos laborales, incluido el de asociación. “Inclusive, tengo una solicitud ante la Procuraduría en la que pido que entre el grupo anticorrupción a la Universidad y que aparten del cargo al rector; ante el Ministerio de Educación también he interpuesto recursos y en estos días ese ente le pidió a la universidad respuestas sobre la forma de vinculación de los profesores; es que son 38 mil millones de pesos que están en juego, eso es lo que cuesta la nómina de esos profesores y son dineros públicos”, anotó la docente.
Incumplimientos
El último conflicto laboral que enfrenta inició en diciembre de 2017, cuando la Universidad le manifestó a ASPU que no podía cumplir la convención colectiva que habían firmado cinco meses antes. El rector Ivaldo Torres Chávez los reunió para decirles que la institución no podía ejecutar lo acordado porque se quebraría. Los sindicatos le recordaron que le habían advertido antes de la negociación que los representantes del ente educativo debían tener poder de decisión, lo que había sido ratificado por el Consejo Superior.
La organización sindical interpuso una acción de cumplimiento que fue ganada en primera y en segunda instancia: “Ahora ellos están obligados a cumplir, pero lo que han hecho es arremeter contra todos nosotros”, explica la profesora Claudia Patricia.
La respuesta del Tribunal Administrativo de Bogotá se emitió en mayo pasado en el que le exige a la Universidad cumplir con lo pactado en un término de diez días, pero esta impugnó y en la segunda instancia el fallo ratificó el primero. El lunes 23 de junio –al cierre de esta edición de VOZ- se vencía el plazo y los docentes recibirían una respuesta de la institución.
La querella fue interpuesta en Bogotá porque en palabras de la dirigente sindical: “Sentimos que la ley en Villa del Rosario y Pamplona no es confiable ya que la mayoría de los jueces trabajan con la Universidad”.
El punto principal del acuerdo entre la institución y los profesores es un plan gradual de formalización docente que se acordaría y que estaría dentro de la normatividad: “Pero la Universidad ni siquiera quiso instalar la comisión de formalización que diría quiénes y cómo se vincularían”, dice la presidenta de la seccional de ASPU.
También hay una póliza que cubre a los profesores y algunos familiares en casos de muerte, e incapacidades prolongadas. “En esto la Universidad ha venido cumpliendo, aunque también se acordaron incentivos por investigación y publicaciones, que no se ha cumplido”.
Persecución sindical
El conflicto va más allá de los incumplimientos. El sindicato también interpuso una demanda penal contra el rector por prevaricato por acción al no regirse por la Ley 30 para el nombramiento de profesores, con un concurso público de méritos: “Ese concurso tiene unas etapas como la inscripción; selección; evaluación de la hoja de vida con criterios como escolaridad, investigación, títulos universitarios, interacción social; resultados y recursos de reposición y apelación. Pero la Universidad en diciembre del año pasado publicó en la página que quienes quisieran inscribir su hoja de vida, afines a los programas de pregrado lo hicieran. Y cuando fue la contratación de ocasionales y catedráticos, más o menos 1.300, dijeron que lo harían mediante esas hojas de vida convocadas en diciembre. Es decir, que en plena Ley de Garantías la Universidad modifica la forma de contratación de los profesores, de manera diferente a como lo dice la Ley”, explica Claudia Patricia.
La institución aprovechó este proceso para dejar sin vinculación a varios dirigentes sindicales, quienes han presentado quince tutelas de las que han ganado cuatro. “Los jueces en Pamplona nada qué ver, las que hemos ganado han sido en Cúcuta”.
La arremetida sindical no quedó ahí. El siguiente paso fue pedirles la sede sindical con el pretexto de remodelarla, aunque reconocen que no tienen recursos para hacerlo. ASPU no entregó.
Luego les solicitaron un listado de todos los afiliados a ASPU y en los últimos tres meses no les descontaron la cuota sindical. El sindicato demandó penalmente y entuteló por el derecho de asociación. Esta última se perdió en primera instancia, aunque se ganó en segunda. “En este momento los catedráticos y ocasionales del sindicato estamos desempleados, estamos sin salarios, no sabemos cómo descontarán, pero ellos tienen que dar cumplimiento al fallo. A una profesora que pertenece a la junta de ASPU ya le dijeron que este semestre no va a ser contratada”, anota la docente.
De la misma manera, estos profesores se sienten perseguidos porque la administración les ha prohibido fijar carteleras con información sindical en la universidad: “Nos quitan las pancartas que pegamos hasta en la pared de nuestra oficina y nos dicen que no se puede publicar nada. No tenemos ni libertad de expresión”, concluye Claudia Patricia Parra.
La Universidad cuenta con 212 docentes de planta, 680 ocasionales y 620 de cátedra y los puntos pactados los cubren a todos, incluso a algunos trabajadores administrativos. ASPU cuenta con 400 afiliados.
