Altas indignidades: Escándalos en la justicia

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Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.

La corrupción de la derecha permeó las cortes y la justicia

Hernán Camacho

Entre las instituciones más importantes para el establecimiento colombiano están las altas Cortes. En el organigrama del Estado colombiano los cargos de mayor prestigio en la rama judicial se encuentran en los tribunales Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado, que hoy son protagonistas por corrupción entre sus miembros.

Lo vimos hace apenas dos años cuando el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, se vio envuelto en el escándalo sobre compra ilegal de tierras cuyos dueños son víctimas del despojo paramilitar en Córdoba. Pero también sucedió con el exmagistrado Rodrigo Gil, quien en el caso de una tutela ante la Corte Constitucional, de la empresa Fidupetrol intentó pagar coimas por una decisión en favor de esta.

El turno es para la Corte Suprema de Justicia con los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, juristas ajenos a una carrera judicial destacada. Se presume que los togados hacen parte de una red de corrupción para inclinar en los tribunales decisiones judiciales. En las movidas ilegales participaba el abogado Luis Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción quien ya fue capturado gracias a las investigaciones de autoridades estadounidenses, tras seguir la pista de los casos de corrupción que tienen enredado al exgobernador cordobés del partido de la U, Alejandro Lyons.

Cambio de fallos

Los involucrados en la trama ilícita habrían ofrecido dinero a cambio de decisiones judiciales a favor de sus defendidos. En el caso de Lyons la cifra solicitada por Moreno fue de 10 mil dólares. En las conversaciones grabadas entre Lyons y Moreno se aclara el papel que juega el abogado litigante ante la Corte, Leonardo Luis Pinilla. Pero además señalan a congresistas de acudir a las mismas conductas para sacar adelante sus procesos.

Entonces, Moreno señaló que Musa Besayle, del Partido de la U y Hernán Andrade, del Partido Conservador, lo mismo que el exparlamentario y miembro del Partido Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos, acudieron a ellos para asegurar su inocencia. Este último fue dejado en libertad hace un año por decisión absolutoria de la Corte Suprema de Justicia, considerando que no había pruebas para señalarlo como paramilitar debido al cartel de falsos testigos que lo acusaba. El abogado que logró su absolución fue Luis Gustavo Moreno. En las toldas uribistas, la noticia cayó mal debido a que se alistaba la candidatura presidencial de Ramos y se decía que era el hombre al que mayor confianza le tenía el expresidente Álvaro Uribe.

Pero el caso de Bustos y Ricaurte tiene más aristas.  En los pasillos de la Corte se conoce muy bien el origen de los magistrados. Allí se asegura que Bustos era cuota del exprocurador Alejandro Ordóñez, destituido por tráfico de influencias para su elección; y quien después de conocido el escándalo reclamó una depuración de la justicia. Pero le salieron al paso señalando que él nombró a la esposa de Bustos en un alto cargo de su Procuraduría, y que hace parte de la cooptación de cargos de la rama judicial. De hecho Ordóñez nombró a quien, para la época, era esposa de Bustos en la Procuraduría, Ana Josefa Velazco de Bustos, como procuradora administrativa para Bogotá.

Pero ahí no paran los favores entre políticos y magistrados. El presidente Juan Manuel Santos, integró la terna de jueces para la nueva Comisión Disciplinaria de Jueces que reemplazará el Consejo Superior de la Judicatura.

Antecedente

Bustos también es conocido porque en el año 2002 archivó la investigación sobre vínculos con el paramilitarismo del candidato presidencial Germán Vargas Lleras. El magistrado fue el encargado de investigar la denuncia contra Vargas que llegó a la Corte por un anónimo. De manera pronta Bustos desechó 13 testimonios que aseguraban que la campaña a Senado de Vargas había sido apoyada por el bloque paramilitar en el departamento de Casanare. Entre los declarantes se encuentra el del jefe paramilitar Martín Llanos.

Según el portal Las 2 Orillas, la magistrada auxiliar de Bustos, Luz Mabel Parra, fue la persona que proyectó el archivo de la investigación y hoy ostenta el cargo de Fiscal ante la Corte Suprema, por nombramiento del jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez. A Parra se le conoce como una persona cercana al círculo político del congresista Germán Varón Cotrino, Quedando claro así el origen político de los cargos de libre nombramiento en ese ente.

La Fiscalía

La pasividad de la Fiscalía General de la Nación a cargo de Neira, es evidente al omitir las conductas de estos magistrados cuando se conocía de manera informal en las barandas de la Corte, que se estaban cocinando fallos a cambio de dinero. De hecho, llamaba la atención que los procesos penales de competencia de la Corte Suprema de Justicia, de figuras conocidas de la derecha colombiana tenían la misma estrategia de defensa: dilatar o acusar de ser víctimas de testigos falsos.

Todos los nombres que hoy se conocen por hechos de corrupción en la justicia, tienen un común denominador: son destacados políticos de la derecha colombiana. Pero lo más grave es que quienes los van a investigar son políticos de la misma vertiente. En el caso de la investigación a los magistrados Bustos y Ricaurte, será la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El caso de los magistrados quedó asignado para su investigación a Edward Rodríguez, representante por el Centro Democrático.

La presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, en sus redes sociales manifestó: La investigación a los magistrados de derecha, Bustos y Ricaurte, por recibir dinero de abogados uribistas para cambiar los fallos de miembros del uribismo investigados por corrupción o paramilitarismo, es risible. Es una especie de Macondo judicial en favor de la derecha corrupta”.

Se advierte impunidad en cada uno de los casos de corrupción en los que se ven involucrados Bustos y Ricaurte, así como los expedientes que involucran otros políticos de derecha. De hecho, el propio magistrado Ricaurte se encontraba dentro de la lista de elegibles para convertirse en magistrado del Tribunal de Paz. Aspiración que se diluye después de salir a la luz pública las denuncias en su contra.

La crisis de la justicia y de su clase judicial más encumbrada refleja una creciente ilegitimidad del Estado colombiano. En los más recientes escándalos de corrupción como Reficar, Odebrecht y las altas Cortes el común denominador es la cercanía política de los acusados con el poder Ejecutivo y Legislativo.

@camachohernan 

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