No se ve fácil el posconflicto con un gobernante que se dispone a firmar con su mano izquierda un acuerdo de Paz, mientras con su derecha concesiona el país a organismos extranjeros cuyos intereses no coinciden con nuestras urgencias.
Imelda Daza Cotes
A finales de 2013 el gobierno colombiano solicitó el ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), un “club de 34 países ricos” dispuestos a enfrentar juntos desafíos como el cambio climático y la pobreza; dicen además, luchar por el bienestar y la democracia. Nada de eso coincide con sus prácticas, contrarias a estos enunciados.
La aceptación de Colombia en tan “selecto club” depende de su capacidad de sometimiento a las directrices de dicha organización y hasta ahora parece que el camino está despejado, pues la OCDE viene direccionando la economía y opinando sobre los más íntimos asuntos del país. De hecho, el tan cuestionado Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se estructuró atendiendo sus instrucciones; también la aplazada reforma tributaria fue sugerida por esta Organización, argumentando que “el actual sistema impositivo no recauda lo suficiente para financiar la prestación de servicios… Se necesitan más ingresos para financiar la inversión en infraestructura, educación e innovación… reducir la pobreza y las desigualdades… Por ende se recomienda ampliar la base tributaria, reducir los impuestos corporativos…”.
Propone entonces gravar a los asalariados y desgravar al gran capital, lo cual es antidemocrático, empobrecedor y espanta el bienestar. Esto a pesar de reconocer que Colombia “tiene uno de los niveles más elevados de desigualdad regional” quiere decir, de inequidad social.
Como si lo anterior no bastara, recientemente la OCDE propuso “recuperar la función del salario mínimo”, significa que éste sea apenas un referente/base salarial a partir del cual los propios empleadores fijarían la remuneración de sus trabajadores/empleados; en lenguaje más preciso, que los trabajadores renuncien a los logros alcanzados después de arduas luchas y acepten un salario mínimo sin fuerza legal, y que, tal como antes de 1983, sea flexible y diferenciado para distintas actividades económicas, sectores y regiones. Se pregunta uno, ¿cuánto ganaría entonces un jornalero agrícola en El Paso-Cesar?
Según la OCDE, la obligatoriedad del actual salario mínimo frena/limita la expansión de la contratación laboral; es decir, genera desempleo e impide reducir la pobreza. Inicuo eso de señalar a quienes ganan apenas la remuneración mínima como culpables de la pobreza del resto. Son argumentos distractores, usados con frecuencia porque tienen apariencia de verdad, esconden la realidad y sobre todo disfrazan las causas estructurales de los males que afectan al país.
Preocupa mucho que un gobierno empeñado en dar el salto hacia el fin de la confrontación armada se niegue a asumir el reto de construir Paz que no es más que justicia social y siga empeñando en reducir los ingresos de quienes nada tienen, regalar nuestros bienes públicos (caso Isagén) y promover una mayor concentración de la tierra (Zidres).
No se ve fácil el posconflicto con un gobernante que se dispone a firmar con su mano izquierda un acuerdo de Paz, mientras con su derecha concesiona el país a organismos extranjeros cuyos intereses no coinciden con nuestras urgencias.
