Alerta por cierre de jardines infantiles

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La niñez doblemente vulnerada por negligencia administrativa. Foto hsbnoticias.

Por descuido de funcionarios del distrito, cerca de ocho mil niños, entre los que se encuentra población con discapacidad, se verían afectados en su derecho a la educación

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

La niñez colombiana sigue siendo una de las poblaciones con mayores niveles de exclusión social, en particular la que se encuentra en situación de discapacidad, pues las mismas políticas públicas dirigidas a garantizar sus derechos son catalogadas como insuficientes e ineficientes por quienes exigen el cumplimiento de las mismas.

Lo más paradójico es que, incluso se desconocen las cifras reales sobre la población a la cual deben ir dirigidas dichas políticas. Así lo afirman en un boletín, Discapacidad en la primera infancia: una realidad incierta en Colombia, la cual compara las cifras del Censo General 2005, el Rlcpd (con corte a marzo de 2010), la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010 y la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2012. Según el análisis de la información, las cifras presentadas no permiten conocer la dimensión exacta ni las características generales de la población con discapacidad en primera infancia en el país. Lo cual se convierte en una de las principales barreras para adoptar las mismas políticas destinadas a la población.

En el caso de Bogotá, las cifras aproximadas superan los cien mil niñas y niños en edad educativa, de los cuales se estima que un 70% no están dentro del sistema educativo. Las razones pasan por el acceso al derecho al sistema, el desconocimiento del mismo y las pocas condiciones que las familias de los infantes tienen para ayudar a garantizar su inclusión en el mismo. La mayoría de los y las niñas con alguna discapacidad, corresponden a los sectores más pobres de la ciudad.

Alerta desde la personería

La última alerta que se dio sobre la garantía de derechos a este sector, fue hecha por Carmen Teresa Castañeda, Personera de Bogotá, quien públicamente a finales del mes de junio, anunció que los jardines que están bajo la dirección de la Secretaría de Integración Social han sufrido múltiples cierres en cada localidad, afectando el derecho a la educación de los infantes. Situación por la cual, la misma personería ordenó realizar veedurías sobre las motivaciones que llevaron al cierre de las instituciones entre las que se encontraban algunas que trabajan con niños en condición de discapacidad.

Una de las preocupaciones que exaltó la personera, es cómo se está llevando la contratación de docentes y empleados durante la época de ley de garantías en el país, y si esta situación es la principal motivación por la cual se produjeron dichos cierres. En este contexto, en el que se ve afectada la población más humilde, la funcionaria explicó que desde la personería estarían mirando algunos temas de contratación, para “brindar espacios de conocimiento y capacitación para personas en situación de discapacidad, ya que hemos visto que están congelados los contratos”.

Igualmente, enfatizó en que es inadmisible, que existan funcionarios del Distrito que por descuido no tengan en cuenta las normatividades y pasos a seguir durante la ley de garantías. Por ello responsabilizan a la administración distrital de vulnerar los derechos de los niños y niñas que, según cifras, serían unos 8.000 los cupos que serán suspendidos, de los 53.000 que actualmente están a cargo de la Secretaría.

Las críticas sobre la falta de planeación en la política distrital no se hicieron esperar. Pues, tal y como afirman en diferentes espacios y redes sociales, además de la ausencia de una política pública y un sistema educativo que pueda corresponder con la garantía de derechos para los infantes, en donde tampoco se conocen cifras exactas sobre esta población y sus condiciones, los pocos niños y niñas que acceden a los precarios espacios de formación, también son vulnerados por una mala administración, en esta ocasión desde la Secretaría de Integración Social, la misma entidad que hoy está vinculada con delitos electorales presuntamente ejecutados por integrantes del Centro Democrático, y en los que se ven involucrados dos funcionarios que colaboraron con el constreñimiento a trabajadores de estos mismos jardines infantiles en la ciudad.

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