Tres temas de rechazo social ocuparan la agenda del parlamento. El ambiente electoral ya asoma en los pasillos del capitolio
Hernán Camacho
Un cuerpo legislativo incompleto tras la aplicación de la silla vacía a las curules que ocupaban las matronas electorales del Partido de la U, Dilian Francisca Toro y Piedad Zuccardi, por encontrarse bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia, sumado al ambiente preelectoral y tenso en las relaciones políticas del oficialismo es la radiografía del Congreso luego de instalada la primera legislatura del año.
No obstante lo que se mueve bajo la mesa entre las bancadas de la Unidad Nacional ya pactó la línea de trabajo en cuanto a iniciativas legislativas se refiere: arrebatar derechos sociales a los trabajadores colombianos y ampliar las garantías jurídicas a militares, son la punta de lanza de los próximos cuatro meses en el capitolio nacional.
Salud y pensión
En la Presidencia de la República se tiene por descontado que la maquinaria aceitada le garantiza la aprobación, mediante ley estatutaria, de las reformas a la salud y pensiones para este semestre. Reformas que son contrarias al sentir de los colombianos, pero además poco democráticas, así los ministros de las carteras de Salud y Trabajo opinen lo contrario. De ninguno de los mencionados proyectos se conoce la letra menuda, pero se asegura que detrás de la aprobación de la reforma a la salud, por ejemplo, están los intereses de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) más poderosas, cuya responsabilidad en el sistema de salud agonizante es absoluta.
Según expertos, el proyecto de salud propuesto por el Ejecutivo avecina un zarpazo contra el régimen subsidiado que atiende la población más pobre del país. Manteniendo y regulando la tercerización de los privados en el sistema, y, sin siquiera mencionar mecanismos coactivos de cobro a las entidades que como en el caso Saludcoop utilizan el capital destinado a servicios de salud en patrimonio suntuario de sus propietarios: “Y lo más grave es que las deudas de las EPS privadas a las redes de hospitales públicos en todo el país crece y sin asomo de pago”, explican voceros de oposición en el parlamento.
De hecho el propio secretario de Salud de Bogotá, Luis Alfonso Jaramillo, ha sido reiterativo en señalar que la crisis hospitalaria está ad portas en la ciudad, de no darse el pago de EPS privadas a los hospitales y no habilitar el Gobierno Nacional la cuenta maestra, salvavidas de las entidades. Esto es apenas un ejemplo de lo que acontece en todo el país:
Planes de salud integrados que no funcionaron, asistencia médica deficiente de los prestadores de salud, enfermedades no cubiertas por falta de liquidez y el empeoramiento de los servicios de atención especializados son los síntomas reiterados de un sistema moribundo que sigue sin encontrar dolientes.
Lobby de interesados
Otro de los proyectos en examen es el del régimen pensional. Socializado ya en algunos sectores, el proyecto no cayó bien. Y aún con el fantasma de la reforma a la justicia, el Ministerio de Trabajo se la juega a fondo por despojarse de la responsabilidad de garantizar el mínimo derecho a la vejez digna. Esta vez el lobby que acompañará el proyecto en sus cuatro debates será el de los fondos privados de pensión, primeros interesados en la iniciativa. Centrales obreras y la oposición en el Congreso ya manifestaron su férrea oposición a este proyecto: “El pueblo colombiano tiene en la protesta el freno para detener esta arremetida legislativa”, dijeron.
Pero la prioridad de la agenda es la reglamentación a la reforma al fuero penal militar. Los ocho debates que diera la reforma constitucional no son suficientes, afirma el Ministerio de la Defensa. Esta vez la embestida militar se fijará en los detalles que no fueron aprobados y serán involucrados en una ley reguladora de la reforma constitucional. “El respeto y garantía de los derechos humanos son la base de toda democracia, su desconocimiento, en cambio, conduce al abismo de la barbarie y la arbitrariedad”, fue la sentencia de los colectivos de derechos humanos y los organismos internacionales en diciembre pasado, cuando en medio de un tradicional pupitrazo se aprobó el Fuero.
La estocada militar
“Mientras el Ejecutivo manifiesta que no le va entregar el estado de derecho a las FARC, sí lo hace entregándole a los militares la competencia para pasar por encima las instituciones promovidas en la Constitución. ¿Quién puede entender eso?”, le dijo a VOZ un defensor de derechos humanos.
Declaración que coincide con lo dicho por el informe anual 2012 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, refiriéndose al peligro que le genera al país la jurisdicción castrense en asuntos civiles: la reforma de la jurisdicción de los tribunales militares refleja la falta de confianza y respeto entre las distintas instituciones del Estado, lo que socava el estado de derecho y la legitimidad del propio Estado.
Pues bien, la cúpula militar en ejercicio y los miembros de las asociaciones de militares en retiro ya desafiaron a los defensores de derechos humanos y a los organismos internacionales señalando que nada ni nadie se podrá atravesar en su interés de darle a los militares “seguridad jurídica” y que no es suficiente con la reforma. Ahora van por la ley estatutaria.
Carácter urgente
Claramente la agenda se perfila de corte económico y de orden público en su importancia. Sin embargo, otras iniciativas estarán al orden del día. La reforma al código penitenciario se perfila como la profunda pero afanada discusión si se tiene en cuenta que la crisis carcelaria sigue en crecimiento al punto de estar el país en un hacinamiento del 250%.
La crisis humanitaria es real y a diario se encuentran los reportes de prensa de huelgas y protestas de los reclusos reclamando atención del Estado. No basta, y es la propuesta de representantes como Iván Cepeda, aumentar la construcción de establecimientos penitenciarios, la solución es un radical cambio de la política criminal del país. A eso no se le sumaría el Gobierno.
La agenda de los parlamentarios del Polo Democrático se centrará en el estatuto rural y de reforma agraria concertado con las comunidades campesinas y la asociación de reservas campesinas del país que han venido trabajando a lo largo de dos años y que será presentado por el representante indígena Hernando Hernández.
La paz
Por su parte, Gloria Inés Ramírez seguirá en la copresidencia de la Comisión de Paz del Senado y muy atenta a los avances en los diálogos que se alcancen desde la Mesa en La Habana. De hecho será esa Comisión la que arranque en marzo la segunda ronda de audiencias regionales por la paz. Los temas de víctimas del conflicto y sustitución de cultivos ilegales harán parte de la tarea de recolección de propuestas e iniciativas del seno de las regiones recopiladas por el Congreso con la ayuda de la oficina de la ONU en nuestro país.
Se espera que en esta oportunidad se duplique la participación de las regiones en los temas de paz y que las propuestas lleguen a las tres mil. Dichas propuestas estarán tanto en la comisión de paz de las FARC-EP, como en la del Gobierno a finales del mes de junio.
Así entonces se divisa un panorama gris para los derechos sociales de los colombianos que serán defendidos en las calles con la movilización social pidiendo un cese legislativo, pues en el parlamento el debate llegará apenas a constancias de votos negativos por parte de la oposición, y nada más.
