Graves denuncias hace la izquierda colombiana. Garantías a la movilización y a la participación electoral
Hernán Camacho
Con la devolución de la personería jurídica de la Unión Patriótica, el escenario político nacional dio un giro inesperado el pasado año. A juicio de muchos ese hecho representaba un importante síntoma en medio de un proceso de diálogo entre las FARC y el gobierno nacional, pero también, es el resultado del esfuerzo de la militancia upeísta en la idea de no permitir la muerte política de la colectividad luego del genocidio del que fue víctima.
Un mes después de lo dicho por el Consejo de Estado la militancia de esa colectividad realizó su V Congreso con mil delegados de todo el país, algo impensable. Allí estuvo Aída Avella, que volvía a Colombia luego de 18 años de exilio. Desde esa tribuna se exigieron garantías políticas reales para la participación de la UP. En ese escenario se replicó lo dicho por el máximo tribunal de lo contencioso en cuanto a otorgarle un tratamiento diferencial a la UP respecto a los demás partidos políticos.
En ese momento se pregonaba que el futuro de la UP fuera diferente a su historia. Pero los hechos muestran lo contrario. A solo un mes de definir su participación en las justas electorales de marzo y mayo próximos empezaron las amenazas a sus militantes y la seguidilla de trabas para el ejercicio electoral. “Sin financiación estatal ni privada iniciamos la campaña con lo poco y nada que tenemos”, le dijo a VOZ Aída Avella, candidata presidencial.
Desde los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cesar y La Guajira se denunciaron intimidaciones y amenazas a la nueva generación de la UP y buena parte de su antigua militancia. A eso se suman las detenciones de militantes de la Marcha Patriótica y la amenaza de judicialización que, según los cuerpos de inteligencia del estado, ya tienen listas una serie de detenciones contra la dirección de Marcha.
El cierre de los puestos de votación y la ausente financiación a que tiene derecho la UP hacen pensar que la voluntad política del gobierno nacional por la llegada de Aída Avella se agota. “Al menos tres decenas de campesinos viajaron un día entero, recorrieron distancias enormes del Guaviare, con el ánimo de inscribir su cédula y volver a votar, pero el puesto de la Registraduría cerró misteriosamente”, dijo Germán Olano, cabeza de lista por la UP allí.
Muchos de los componentes sociales de la Marcha Patriótica hacen parte activa de la UP. Y la ausencia de garantías políticas para las dos colectividades está tomando ribetes preocupantes. Para el vocero de Marcha Patriótica y candidato por la UP al Senado, Carlos Lozano, desde los organismos policiales y de inteligencia del Estado se anuncian detenciones a buena parte de la dirección de Marcha Patriótica. Lo mismo sucede con la intentona de destitución del alcalde Gustavo Petro, por tocar intereses del gran capital en el modelo de aseo de Bogotá. Hechos que atentan contra el proceso de paz defendido por las FARC.
“Apoyamos la paz y la salida política pero advertimos que lo que está pasando con Gustavo Petro, con los compañeros de Marcha Patriótica, con las irregularidades denunciadas desde el Guaviare con el proceso electoral realmente no es atractivo para la guerrilla de las FARC que pretende hacer política sin las armas. No es un buen mensaje para la guerrilla decirle: dejen las armas y vengan que les espera destituciones, cárcel, sanciones administrativas y ninguna garantía política para debatir las ideas”, dijo Carlos Lozano, candidato al Senado.
Otra arista se desprende del seguimiento de los medios de comunicación a las campañas de la Unión Patriótica. Casos como el de la Revista Semana son evidentes. Para la revista de mayor circulación en el país la candidatura de Aída Avella no existe, ni sus 18 candidatos a la Cámara y mucho menos la candidatura al Senado. A eso habría que sumarle la respuesta de la oficina jurídica de RCN Radio que se negó a emitir la cuña radial de 20 segundos asignada por el Consejo Nacional Electoral a todos los partidos políticos que participan en las contienda electoral del 9 de marzo.
Según la resolución 3782 de diciembre 13 de 2013, se le asignaron por sorteo espacios electorales a los partidos políticos y movimientos significativos de personas en emisoras comerciales a partir del 9 de enero y hasta el 6 de marzo del año 2014. Dicho espacio fue negado por la cadena radial como consta en comunicación expedida desde su oficina de jurídica.
De no darse las condiciones reales para la participación política de la UP, la devolución de la personería sería un canto a la bandera y su personería jurídica sin ningún valor político ni jurídica. Una nueva muerte en su historia. Y Marcha Patriótica, una joven fuerza política, se disolvería en medio de la persecución judicial y la ausencia de garantías para su participación política y la movilización social. Las dos situaciones son golpes contundentes al proceso de paz.
