El tema está lejos de cerrarse en la Corte. Ya se prepara el estudio de otra demanda que reabrirá el debate en esa corporación.
Nixon Padilla
La semana pasada se cerró con una de las más controvertidas decisiones de la Corte Constitucional. Se trató del pronunciamiento de esta institución sobre una demanda de constitucionalidad al Código de Infancia y Adolescencia por considerarse discriminatoria en su ejecución, ya que se interpreta de manera que no se permite la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo. La decisión de la Corte dejó un sinsabor, al pronunciarse de manera abiertamente contradictoria.
Por una parte ratifica sentencias anteriores y las hace extensivas, en el sentido de permitir que para la adopción de un menor por parte de una sola persona, cumpliendo con todo el protocolo legal, no se debe tener en cuenta la orientación sexual del solicitante, es decir una persona homosexual sola puede adoptar, si llena los requisitos de ley. Igualmente avaló la llamada adopción consentida, en el caso que una o uno de los integrantes de la pareja del mismo sexo tenga un hijo biológico y soliciten la adopción consentida del o la menor.
En los casos anteriores, la Corte sigue su línea jurisprudencial, en la que reconoce en las parejas del mismo sexo la calidad de familia, otorgándoles protección legal y adicionalmente sostiene que la orientación sexual no es una condición para permitir o no la adopción de menores por parte de personas homosexuales.
No obstante, contrario a toda lógica, la Corte dictaminó que cuando se trata de solicitudes de adopción conjunta de parejas del mismo sexo, no se puede interpretar la norma de manera que se les permita hacerlo, es decir que entiende la norma de manera excluyente para parejas homosexuales y restringida solo para parejas heterosexuales.
Esta decisión, además de perpetuar la discriminación por orientación sexual, en el caso de parejas del mismo sexo, establece una nueva división de casta entre familias, como señala la ONG Colombia Diversa. Las de parejas homosexuales con hijos biológicos y las de parejas homosexuales sin hijos biológicos. Las primeras pueden acudir a la adopción consentida y a las segundas se les niega la posibilidad de adopción conjunta.
En el debate, que contó con una gran atención mediática, se logró avanzar en disminuir los niveles de ignorancia y prejuicios generalizados, cuando se ha tratado del reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales. Es de resaltar que en esta ocasión, además de una profusa literatura científica y académica que apoya la exigibilidad de estos derechos, las instituciones gubernamentales como el mismo ICBF, los ministerios del Interior y el de Justicia, en nombre del gobierno nacional, otorgaron el respaldo a estas demandas.
Cada día quedan más solas las posturas retardatarias, de fe o religiosas, como las de las iglesias católicas y evangélicas y la de la Procuraduría General de la Nación, que intentan imponer la interpretación de sus credos particulares a toda una nación. Caso especial, que debe llamar la atención de los sectores educativos del país, es la postura de la dirección de la Universidad de la Sabana, conocida por sus vínculos con el Opus Dei, sobre el tema en cuestión.
No por su negativa, la cual era previsible, sino por la naturaleza de los argumentos, que continúan acudiendo a la patologización (definir como enfermedad) de la orientación sexual y sobre todo por la ausencia de todo rigor académico y científico en el razonamiento que expresaron ante la Corte Constitucional. Por su parte, la iniciativa de la senadora “liberal” Vivian Morales, que representa la postura de un sector de credos evangélicos en el Congreso, de llevar a referendo constitucional el tema de las adopciones, no solo es atrasada, sino abiertamente anticonstitucional.
El tema está lejos de cerrarse en la Corte. Ya se prepara el estudio de otra demanda que reabrirá el debate en esa corporación.
Y mientras tanto el Congreso pasa de agache, esperando que la Corte no le pase la pelota y obligarlos a tomar postura sobre un tema en el que prefieren no revelar sus argumentos públicamente.
La izquierda, los sectores democráticos, las organizaciones de mujeres, sindicales, estudiantiles, juveniles y demás expresiones sociales deben expresar sin ambigüedades su respaldo tanto a la adopción igualitaria como al matrimonio igualitario y acompañar a las organizaciones y activistas de los sectores sociales LGBTI en estas exigencias.
Como se afirmó en el reciente Festival Nacional de Disidencias Sociales, Sexuales y de Géneros, que se realizó en Bogotá, el camino hacia la igualdad no tiene retroceso.
