Adelante la paz con el ambiente

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La zonifi cación ambiental debe estar en manos de las comunidades que habitan los territorios.

Exitoso foro sobre aportes y retos de las Zonas de Reserva Campesina al cierre de la frontera agrícola y a la zonificación ambiental participativa

Ángela Corredor – ACVC

El 8 y 9 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el foro sobre aportes y retos de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) al cierre de la frontera agrícola y a la zonificación ambiental participativa. Este evento tenía el objetivo de identificar cómo las experiencias en las ZRC pueden aportar a la construcción participativa de la zonificación ambiental que adelanta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del desarrollo del punto 1.1.10 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, desde las experiencias comunitarias de ordenamiento y gestión del territorio.

El jueves 8 en la mañana se presentaron ponencias sobre la contextualización de las ZRC como instrumento para reconocer al campesino como sujeto de derechos; acuerdos locales y ordenamiento del territorio para gestionar territorios sostenibles; el papel de las FARC en la construcción de acuerdos comunitarios para proteger el ambiente y cerrar la frontera agrícola; la zonificación ambiental participativa, estrategia de control a la deforestación y sobre la frontera agrícola; los acuerdos comunitarios de conservación en la ZRC del Valle del Río Cimitarra; la complementariedad de la ZRC de Cabrera con el páramo a través de la unidad agrícola y ambiental; y la convivencia entre la ZRC Pato Balsillas y el Parque Natural Picachos.

Frente a la presentación por parte del Ministerio de Ambiente del estado actual del proceso de la zonificación ambiental participativa y su plan surgieron varias dudas, ya que los resultados alcanzados en el primer año muestran la ubicación de áreas de especial interés ambiental en los mismos municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial a partir de la superposición de mapas a escala 1:100.000 sin un proceso en campo con las comunidades que permita validar y enriquecer dicha información, lo cual puede generar un efecto contrario al objetivo planteado en el punto 1.1.10 del acuerdo de paz al agudizar y crear más conflictos socioambientales en dichos municipios.

En el caso de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y su presentación de la frontera agrícola, al mostrar los mapas del país con las áreas donde se pueden desarrollar actividades agropecuarias permitidas, porcentajes de frontera agrícola en las seis ZRC declaradas y potenciales usos del suelo en las fronteras agrícolas, productos obtenidos también a partir de una superposición de mapas sin un trabajo en campo, surgieron varias preguntas e inconformidades ya que, por ejemplo, según la información presentada para el caso de la ZRC de Cabrera, sólo en el 33% del área podrían desarrollar actividades agropecuarias, cifra que contradice el actual contexto socioeconómico del territorio.

Además, los usos potenciales del suelo que se presentaron parecieran ir encaminados a una apuesta agroindustrial, mas no a una agricultura sostenible, ya que se mostraron grandes áreas con uso potencial para monocultivos de palma de aceite, caucho, cacao, entre otros. Por ejemplo, para el caso del sur de Bolívar se mostró como uso potencial la siembra de palma de aceite, hecho que podría agudizar la problemática social ambiental que ya existe en dicho territorio por este monocultivo.

En la tarde del jueves 8 y la mañana del viernes 9 de febrero se trabajó en mesas constituidas por integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ministerio de Ambiente, corporaciones autónomas regionales, Parques Nacionales, UPRA, Instituto Humboldt, procesos sociales como la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, la mesa nacional de concertación para la construcción de la política pública de solución de conflictos territoriales en áreas protegidas; la Csivi; Espacios Temporales de Capacitación y Reincorporación, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y organizaciones no gubernamentales.

El objetivo de estas mesas de trabajo era consensuar aportes a la construcción de una ruta participativa para la zonificación ambiental y el plan de zonificación ambiental.

Dentro de las principales conclusiones de este ejercicio salieron como propuestas que las comunidades que habitan los territorios deben ser los actores primordiales de dicho proceso, ya que gracias a procesos históricos tienen experiencias concretas de zonificación ambiental, control de la deforestación y cierre de la frontera agrícola, por lo cual debe haber garantías para una participación efectiva.

Dichas experiencias deben ser reconocidas y respaldadas gubernamentalmente, hacer ejercicios pilotos de la zonificación ambiental participativa en las ZRC ya constituidas que permitan armonizar este proceso con los planes de desarrollo sostenibles, reconocer al campesino como sujeto político de derechos, realizar encuentros amplios donde se garantice la participación de todos los actores presentes en el territorio, entre otras.

Para llevar a cabo dichas propuestas son necesarios compromisos tales como un diálogo entre las partes que permita construir confianza, garantías de seguridad para la comunidad y los procesos sociales, mayor articulación entre las instituciones del Gobierno para garantizar condiciones dignas para las comunidades, gestionar los recursos necesarios para mantener el enfoque territorial y diferencial que plantea el acuerdo de paz que permita disminuir los conflictos de uso en los territorios, conservar la riqueza en agua, biodiversidad y la oferta de servicios ecosistémicos, cerrar la frontera agrícola y estabilizar una economía campesina sostenible, condiciones indispensables para la consolidación de la paz para Colombia.

Los actores presentes en el evento felicitaron este primer ejercicio de participación en el proceso de zonificación ambiental y esperan que se cree una ruta de trabajo que permita hacer efectiva la participación de las comunidades en el proceso.

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