La apertura democrática del país es la deuda eterna de la clase dirigente nacional para con la democracia. Implementación de acuerdos es cuestión de voluntad política
Redacción Política
Antes de que el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, instale la mesa de trabajo con todos los partidos y sectores políticos para analizar los eventuales proyectos de reforma legal y constitucional que necesita el país en materia de implementación de los acuerdos de participación política, Gabriel Becerra, dirigente nacional de la Unión Patriótica, habló con VOZ y puntualizó las perspectivas sobre el acuerdo de participación política suscrito en La Habana entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno nacional. Todo se puede implementar, dice Becerra mientras el establecimiento tenga voluntad política.
–¿Cuál es el significado de los acuerdos de participación política?
–Los acuerdos de participación política suscritos en La Habana, representa un segundo momento constitucional para ser incrustados en el marco jurídico colombiano. Ese acuerdo tiene la aspiración de materializar lo que llamamos una apertura democrática para la paz y es el reconocimiento de facto de un régimen político excluyente, antidemocrático y violento en el que vivimos los colombianos. El espíritu del acuerdo es excluir la violencia de la política en todas sus formas reconociendo que hay una diversidad de factores políticos que se deben fortalecer. El acuerdo le permite a las organizaciones guerrilleras no renunciar a su vocación política y su visión de estado haciendo que su lucha se desarrolle por caminos institucionales.
–¿Cómo se materializa eso?
–No se trata de reformas legales, constitucionales o expedición de decretos, aquí de lo que se trata es de una voluntad política para hacer efectiva la pluralidad. El acuerdo contiene unas medidas que no son extremas son necesarias para los sectores que estamos por la democracia real en Colombia. Lo que quiero decir es que esas medidas se deben hacer con o sin proceso de paz. Las medidas que contiene el acuerdo son vigentes en cualquier contexto.
–¿Por ejemplo?
–Expedir el estatuto de la oposición que se encuentra previsto en la Constitución de Colombia desde 1991. Desde hace 26 años no se ha hecho nada para regular la participación de la oposición en Colombia. La Unión Patriótica fue el primer partido político en presentar ante el Congreso un estatuto de oposición que fue archivado. Como ese proyecto 14 más corrieron la misma suerte. Entonces volvemos a la premisa de los acuerdos: voluntad política del establecimiento para cumplir con los acuerdos.
–Lo que parece elemental aquí no lo es tanto. ¿Qué aspectos debe contener ese estatuto?
–Nosotros pensamos que temas como el acceso a la documentación oficial o el acceso a réplica deben ser parte del estatuto. Pero hay más temas. El asunto está es en dónde no han podido llegar a un acuerdo en La Habana. Eso sí nos preocupa. Solo para anotar: no hay acuerdo en garantizar la presencia de la oposición en el órgano rector de la institucionalidad electoral, o sea en el Consejo Nacional Electoral. Hay desacuerdo en el acceso de la oposición a los medios de comunicación porque hoy no es posible que las voces políticas de oposición estén en los medios de comunicación.
En Colombia no hay igualdad de oportunidades para que los partidos de oposición puedan competir con los partidos tradicionales. Pero el estatuto de oposición aislado de otras reformas no tendría suficiente aire para reformar las costumbres políticas. A eso se le debe sumar el acceso a la financiación pública de las campañas electorales, la reestructuración del sistema electoral colombiano que favorezca a las minorías y no esté al servicio de las mayorías, temas como el umbral o las listas cerradas servirían para fortalecer los partidos y generar una mayor disciplina militante.
–Entonces no es solo una reforma al sistema ¿es todo el sistema?
–Es la creación de una nueva rama del poder público que sustente un nuevo sistema electoral. Que tenga elementos significativos como la independencia que no tiene hoy el Consejo Nacional Electoral, que es una correa de transmisión de los partidos políticos tradicionales y es apéndice de la Registraduría General del Estado Civil, pues es quien la soporta financieramente. Entonces la propuesta es crear un tribunal electoral elegido de una manera distinta con presupuesto independiente y capaz de sacar adelante una modernización del sistema electoral que lo blinde de los fraudes propios de las maneras de hacer política de los partidos que han estado en el poder.
–¿En qué consiste esa modernización?
–Lo primordial es implementar el voto electrónico. Hay muchas experiencias en el mundo como el sistema de votación venezolano que es años luz mucho más trasparente que nuestro sistema, pero para quienes tienen desconfianza en ese sistema podemos analizar el de Brasil o los sistemas electorales en Europa o Estados Unidos.
–Profundicemos en el tema de financiamiento a campañas electorales. ¿Cuál es la visión de la UP?
–Nuestra propuesta es que los recursos públicos en las campañas electorales deben ser únicamente financiación pública estatal. No compartimos que las grandes empresas sean los determinadores de las campañas electorales. Pero también es implementar los mecanismos de control frente a las maneras de financiación de campañas: y no solo me refiero a los montones de dinero que vemos cada que hay elecciones en Colombia, sino a la financiación subterránea con los cupos indicativos emitidos desde el Ministerio de Hacienda que favorece ciertos parlamentarios y ciertos partidos políticos o al sistema de contratación que de alguna manera favorece a los políticos tradicionales.
–Hay un tema de los acuerdos que no se ha analizado a fondo: la participación de los movimientos sociales en política.
–Es una preocupación que tenemos. Nosotros creemos que ese acuerdo es estrecho porque no vemos viable y efectiva la participación de los movimientos sociales en la vida política del país que va más allá del tema electoral. Garantías en la protesta social y la participación política. Por ejemplo aquí hay una ley de participación política muy menguada en cuanto a revocatoria de mandato que nunca se ha podido cumplir, no es efectiva la participación de la ciudadanía en los planes de Desarrollo de los departamentos y municipios, entre otros asuntos. Es decir la gente no se siente identificada en esos procesos y eso es un síntoma grave de la falta de democracia.
–¿Ve al gobierno Santos empeñado en materializar los acuerdos?
–Está por verse la voluntad política del gobierno en cuanto a la participación política. El Gobierno no ha presentado iniciativas legislativas para la implementación de los acuerdos y la preocupación es que se repita el error que ha venido manteniendo el gobierno en torno a la unilateralidad de sus decisiones en asuntos relacionados con La Habana. Como Unión Patriótica estamos convencidos que todas las iniciativas para la implementación de los acuerdos deben ser de manera mutua y concertada. Y que esas iniciativas se discutan con los partidos y movimientos políticos, no solo con los que hacen parte de la Unidad Nacional o los que tienen personería jurídica sino con todos los actores políticos del país.
