Jaime Caycedo Turriago
El Consejo de Estado ha considerado que nunca debió quitársele la personería a la Unión Patriótica. Reconoce así la injusticia y extralimitación de funciones del Consejo Nacional Electoral en 2002 al no tomar en cuenta los informes de las Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo sobre la grave persecución y exterminio. El Estado colombiano silenció arbitrariamente a la organización victimizada, discriminada y sometida al genocidio.
El Consejo de Estado restituye un derecho injustamente conculcado. No se trata de una reparación. En este aspecto hay que preguntarse de qué manera el Estado va a reparar 11 años de exclusión y desconocimiento flagrante de una fuerza democrática de la oposición.
El Estado colombiano está en mora de proceder a medidas de verdad, justicia y reparación con relación a la UP y al Partido Comunista. Miles de víctimas esperan algo más que las migajas repartidas al detal que rayan en la indignidad.
La personería jurídica contribuye a despejar la incertidumbre de una franja importante de la izquierda política sobre su opción de participación electoral. No es el único instrumento necesario en la vía de reagrupar sus fuerzas y favorecer las convergencias. No vence todos los obstáculos para favorecer la intervención de antiguas y nuevas corrientes en el quehacer electoral.
Lo importante y afirmativo es la actitud planteada por la UP en su reciente pleno de contribuir a la unidad y al reagrupamiento. Es la consecuencia mayor que se desprende del nuevo hecho sobreviniente. En el marco del proceso de paz, siendo la UP heredera de procesos truncados por el genocidio, tiene una significativa autoridad moral para liderar un nuevo momento de búsqueda de la unidad.
Es el momento de un llamado a un encuentro popular unitario de fuerzas sociales, de la cultura, de los derechos humanos, de la universidad, de las expresiones étnicas y regionales, de los movimientos políticos y las personalidades, comprometidos con la búsqueda de la paz con dignidad y justicia social. Su objetivo tiene que ser la coordinación de esfuerzos comunes para que se expresen la inconformidad, la protesta organizada, la exigencia de que el Estado responda a los reclamos ciudadanos y que se consolide sin ambigüedades el proceso de paz como un propósito nacional.
