A desmilitarizar la sociedad colombiana

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Foto: El Turbión via photopin cc

Editorial del Semanario VOZ

Una de la más lesivas secuelas de la violencia que afecta al país desde la cuarta década del siglo XX es la utilización de la militarización como estrategia única para resolver los más variados problemas sociales. La experiencia enseña que esta especie de adicción de los gobernantes nacionales por el uso de la represión como política de gobierno es producto de la llamada Guerra Fría, cuando los Estados Unidos, por su temor al comunismo, impusieron a los mandatarios del Tercer Mundo la represión contra la movilización de los pueblos para exigir sus derechos conculcados.

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Entonces, a los líderes populares se les empezó a perseguir como subversivos y se les encarcelaba, cuando no se les desaparecía.

Los gobiernos colombianos, por sus intereses de clase, atienden prioritariamente las peticiones y los problemas de empresarios, del capital financiero y de los inversionistas extranjeros. Convierten los problemas económico-sociales del pueblo en asunto de segundo orden y solo se atienden cuando rebasan las talanqueras legales y ponen en peligro la convivencia social y la estabilidad institucional. Los ejemplos abundan y nos asfixian.

Los campesinos pobres y de medianos recursos, plantearon problemas de distinta naturaleza que les afectaban de manera grave. Ante la indiferencia palaciega, organizaron masivas movilizaciones, las cuales fueron atendidas, inicialmente, por el tenebroso Esmad, con sus recurrentes atropellos y su cuota de heridos y muertos. La continuación de las protestas a pesar de la represión obligó al presidente Juan Manuel Santos a recurrir al diálogo, del cual había rehuido al delegar en los militares la solución del problema.

La desidia y la indiferencia ante las exigencias del pueblo a que se atienda su situación calamitosa, con el consecuente agravamiento de los asuntos sociales, lo está viviendo el puerto de Buenaventura. Ante el preocupante panorama de inseguridad, desempleo, carencia de servicios médicos, hasta ausencia de agua potable, en consecuencia altos niveles de morbilidad regional, el actual gobierno de la Unidad Nacional le acaba de aplicar la misma solución: militarización, la cual conlleva represión ilimitada, que es la única estrategia que le enseñan y saben aplicar los mandos castrenses a cualquier asunto social.

El tratamiento recurrente de problema de orden público a las numerosas carencias que afectan a nuestro pueblo y la denegación de sus derechos está conduciendo a dos situaciones absurdas y de onerosas implicaciones para la convivencia y las posibilidades de superar los entuertos que padecemos.

Por una parte, la excesiva militarización de la vida nacional y la necesidad de soportar con altos recursos financieros las acciones de las fuerzas armadas -tenemos el presupuesto destinado a los militares más elevado de América Latina- no solo limitan las posibilidades de darle soluciones adecuadas a las carencias populares, sino que además propician la corrupción castrense que hoy nos escandaliza.

La otra consecuencia es que cada día, en lugar del gobierno y las instituciones civiles prevalecer sobre los altos mandos militares, estos desacatan e imponen sus decisiones a los gobernantes de turno. Recuerden lo acontecido durante la toma del Palacio de Justicia y las recientes chuzadas. Es necesario exigir gobiernos que administren y planeen reales soluciones a nuestros problemas y le pongan contención a los desmanes y desafueros de las instituciones armadas. Únicamente así podremos llegar a la paz con equidad y con posibilidades de desarrollo y democracia total.