35 años de la masacre de la leche en el sur oriente de Bogotá

0
4785

Harold García-Pacanchique
@HaroldGarcia95

El lunes 30 de septiembre de 1985, un comando de milicianos y milicianas del Movimiento 19 de Abril, M-19, irrumpió la cotidianidad de la actual localidad de San Cristóbal, ubicada en el sur oriente de la ciudad de Bogotá, para ejecutar una acción de propaganda armada que cumplía la misión de realizar el robo y posterior distribución de un camión de leche recuperado en el barrio San Martin de Loba.

La operación realizada por los jóvenes milicianos, se enmarcaba en la “Campaña de pie Colombia” realizada por la organización guerrillera, en zonas urbanas y rurales a finales del mes de septiembre y principios de octubre, con la intención de presionar al gobierno de Belisario Betancurt quien habría incurrido en incumplimientos a los acuerdos de paz firmados en Corinto, Cauca y Hobo, Huila,  con el M-19 en agosto del año de 1984.

Tras la recuperación del camión de leche, la operación empezó; según comenta Jorge García[1], la intención de dicha era dirigir el vehículo transportador que contenía en su interior alrededor de 5.000 bolsas de leche a la invasión del Las Malvinas, lugar donde se alojaban familias empobrecidas de las periferias sur orientales de la capital.

Es entonces que en medio del operativo llega una patrulla de la Policía Nacional que fue alertada al parecer por uno de los tripulantes del camión recuperado, allí inicia un enfrentamiento que duro unos cuantos minutos entre los milicianos y la fuerza pública; tras el fuego cruzado los guerrilleros emprendieron la fuga dado a la escaza munición con que se conto para la operación, puesto que se trataba de una acción casi rutinaria de esta organización y en la cual los milicianos no se imaginaron perder la vida.

Sobre la 8:00 a.m. y de manera dispersa los insurgentes emprenden la retirada del lugar de los hechos, dirigiéndose hacia los barrios Diana Turbay, Bochica y hacia la vereda de Los Soches, en inmediaciones del antiguo municipio de Usme, lugares que serian epicentros de la masacre cometida en el sur oriente de Bogotá.

Comer era subversivo, dijo el señor militar

Fugitivos los milicianos, las ordenes de los organismos de inteligencia como el F2, el DAS y la SIJIN, acompañados de la Policía Nacional y el Ejercito, fue la de disponer cerca de 500 unidades para la búsqueda y asesinato de los milicianos del EME, los cuales habían cometido el delito de saciar la sed de cientos de familias pobres que poblaban las periferias urbanas.

En la persecución van a caer asesinados diez milicianos y un civil (Javier Bejarano), todos menores de 28 años, trabajadores y estudiantes, que pertenecieron a una de las juventudes más abnegadas que ha tenido Colombia, ante los hechos ocurridos en esta mañana, Javier Grajales ex militante de dicha organización relata para el portal Verdad Abierta lo siguiente,

“Se trató de un enfrentamiento de salida, ‘vámonos que nos llegaron’, unos tiros y ya. Además, los muchachos no eran del territorio, y estaban muy ‘buñuelos’ en la guerra: iban con unos revólveres y unas ‘pistolitas’. Fue un despropósito matarlos así, más de 200 policías contra once ‘pelados’ a los que operativamente les faltaba mucho”.

Los asesinatos perpetrados todos por agentes del Estado según lo informó tras investigaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, violaron los derechos a la vida y se actuó de forma extrajudicial, siendo el Estado culpable de no garantizar la vida e integridad física de los milicianos repartidores de leche.

Las acciones bélicas perpetradas por las ya nombradas “fuerzas del orden” emprendieron la masacre, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera según el informe de la CIDH publicado el 30 de septiembre de 1997.

Los asesinatos en el barrio Diana Turbay

Iniciada la fuga, los milicianos corren en direcciones distintas a ocultarse del enemigo en los barrios aledaños a la acción, hacia las 8:30 am tres de los jóvenes insurgentes toman un bus de transporte publico en el barrio Diana Turbay y se ubican en la parte posterior del vehículo, minutos más tarde este es abordado por el agente de la Sijin José Manuel Cristancho Romero, quien tras la detonación de un supuesto artefacto explosivo dispara en reiteradas ocasiones en contra de los jóvenes que se encontraban en la parte trasera del bus.

En esta acción serian asesinados tres milicianos y el único civil de los once jóvenes masacrados esta mañana; se trataba de los guerrilleros José Alberto Aguirre, estudiante de 19 años de edad, Jesús Fernando Fajardo Cifuentes, estudiante de 23 años de edad y de Francisca Irene Rodríguez Mendoza, educadora de 22 años de edad, a quienes según el informe del CIDH se les ajusticio a quemarropa como se explica a continuación,

“El dictamen pericial de balística contiene la siguiente información con relación a estas ejecuciones:  en cada uno de los cadáveres de Javier Bejarano y Francisca Irene Rodríguez se encontró sólo un disparo sin tatuaje.  El cadáver de Jesús Fernando Fajardo presentaba sólo un disparo con tatuaje positivo y el de José Alberto Aguirre presentaba dos orificios producidos por arma de fuego, ambos con tatuaje positivo”.

A demás de dichas circunstancias, algunas de las pruebas que se utilizaron por los agentes para justificar los ajusticiamientos fueron alteradas, como bien se prueba en dos fotografías reveladoras en el Semanario VOZ, donde se ve a uno de los milicianos portando una granada de fragmentación, la cual ha sido al parecer ubicada en diferentes posiciones y registrada por dos medios de la siguiente manera,

A estas pruebas se suma el comunicado emitido por el “Comando distrital de milicianos del M-19”, en donde clarifica los hechos enunciando que,

“Nuestros compañeros fueron asesinados fuera de combate, pues habían agotado su munición en cumplimiento de la orden de combatir hasta el final por la voluntad del pueblo. Ninguno de nuestros militantes poseía granadas de fragmentación, en el momento de los combates de Sur-Oriente. Las que fueron colocadas por los asesinos en manos de nuestros combatientes para encubrir su crimen”.

Fortaleciendo con ello las disposiciones tipificadas en las PETICIONES del Caso 11.142, del CIDH, en las cuales se demuestra que los asesinatos fueron perpetrados de manera extrajudicial y totalmente fuera de combate.

Los asesinatos en el barrio Bochica

En el barrio Bochica fueron tres los lugares en donde se asesinaron a cinco milicianos más, los cuales no lograron escabullirse en la huida de la acción de recuperación. El primero de los casos es el de Isabel Cristina Muñoz Duarte, estudiante de 23 años de edad, la cual se intento refugiar en la casa de Mélida Quintero, hogar que fue rodeado por agentes de inteligencia y de la Policía , quienes según la dueña del inmueble le aseguraron a la joven que si se entregaba le respetarían la vida y tras la entrega de esta fue baleada; así lo relata en el informe de la CIDH el señor Henry Iván Zárate,

«…la mujer se levantaba detrás del morro de arena … a unos tres metros de distancia aproximadamente … con las manos en alto y el revólver empuñado en la mano, el que soltó apenas se paró, en ese momento empezaron a disparar sobre ella y gritó y cayó al piso; enseguida llegó un agente corriendo desde la avenida central, entonces alguien le gritó `hay que matar a esa hijueputa’ y entonces empezó a llegar policía por todos lados, por encima de las casas y entrándose a todos lados … después de eso aquí dejaron dos agentes de la motorizada cuidando el cadáver y los demás se fueron, no dejaban salir a nadie de las casas ni asomarse por las ventanas, siguieron escuchándose más disparos en otras calles…»

En este mismo barrio fueron asesinados Arturo Ribón Avilán, estudiantes de 27 años de edad y Yolanda Guzmán Ortiz, estudiante de 23 años de edad, quienes fueron heridos mientras corrían y ajusticiados a quemarropa en la esquina de la manzana 4 de la calle 48P sur con carrera 5, en sus cuerpos fueron respectivamente encontrados ocho disparos y diez disparos de los cuales tanto Arturo como Yolanda recibieron tres de estos a una distancia inferior a un metro.

Ya sobre las 9:00 am pasadas unas horas de la operación de recuperación en San Martín de Loba, los jóvenes Martín Quintero Santana y Luis Antonio Huertas Puerto, de 23 años de edad, se encontraban caminando desapercibidos intentando despistar a sus perseguidores, quienes fueron descubiertos por agentes de civil del F2, quienes ordenaron a la dupla tirarse al piso  donde fueron fuertemente golpeados y posteriormente asesinados por los civiles que los identificaron.

Asesinatos en la vereda Los Soches, antiguo municipio de Usme

Quienes se puede decir que más lejos llegaron en la huida fueron José Alfonso Porras Gil, de 19 años de edad y el estudiante Hernando Cruz Herrera, de 23 años de edad, a quienes las autoridades les dieron de baja en supuesto combate y el cual es el único de los hechos que no tiene testigos de lo ocurrido, según se referencia en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que aunque estos dos casos no tengan ningún testigo presencial, el experticio técnico de balística determino que a

“José Alfonso Porras le fueron propinados 8 disparos, de los cuales 5 fueron hechos a una distancia inferior a un metro.  De la misma manera, se encontró que en el cadáver de Hernando Cruz había 8 orificios producidos por proyectil de arma de fuego, 5 de los cuales habían sido disparados a menos de un metro de distancia”.

Desestimando con ello las versiones de los miembros de la Policía Nacional quienes ejecutaron a estos dos jóvenes, demostrando a su vez la actitud tomada por parte de las autoridades, donde radico específicamente la fuerza desmedida y en contra de la vida de los diez milicianos y el civil asesinados con tiros de gracia durante la operación de persecución de los recuperadores y distribuidores de leche.

Para el pueblo lo que es del pueblo

La masacre de la leche o del sur oriente de Bogotá, demuestra el nivel de crueldad, dolo y sevicia con que el Estado colombiano y sus Fuerzas Militares, han actuado en el marco del conflicto político, social y armado, recrudeciendo una guerra cruenta especialmente contra la juventud y los sectores populares, esta historia anteriormente contada no es más que una, entre cientos que se han vivido en el marco de esta guerra sin cuartel.

La experiencia histórica que deja esta masacre, es la de una juventud que de manera organizada decidió darle al pueblo pobre lo que le pertenecía,  devolverle siglos de ignominia y maltratos, ubicarlo en el lugar histórico en que este merecía estar; la masacre de la leche es una historia de dignidad por el buen comer y el buen vivir, el 30 de septiembre de 1985, se debe convertir en el hito nacional de la lucha por la alimentación digna en el país, en el día en que una juventud decidida tomo por asalto un camión con 5.000 bolsas de leche para repartirlas a los mas pobres entre los pobres.

A treinta y cinco años de estos hechos, y en una coyuntura nacional que se repite producto de la violencia policial de los días nueve y diez de septiembre del 2020, la juventud urbano-popular, debe asumir su papel histórico en la ya emprendida lucha de clases y no desfallecer ante las vicisitudes impuestas por los amigos de la guerra y los barbaros polizones que por medio del miedo los pretenden dominar, que esta experiencia de los once de 1985, sea motivo de memoria y esperanza para las luchas que hoy se hacen necesarias emprender.

[1] Miliciano sobreviviente de la masacre del sur oriente, aquí su testimonio. https://www.youtube.com/watch?v=0pXI_XeYAic