A 10 años del golpe en Honduras

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Aspecto de las formidables movilizaciones de protesta contra la política social del presidente Juan Orlando Hernández.

La liberación del comercio y del sector financiero, la privatización de los recursos naturales, la salud la educación y las empresas de servicios públicos hacen parte de la ejecutoria gubernamental

Ricardo Arenales

Honduras vive una situación de conflictividad social sin precedentes en su historia reciente. Desde hace varias semanas, alrededor de sesenta mil médicos y maestros enfrentan en las calles la privatización de la salud y la educación, producto de la aplicación de un modelo neoliberal de desarrollo que ha sumido al pueblo hondureño en condiciones de mayor pobreza y miseria.

Las movilizaciones tienen tal grado de apoyo entre la población, que hasta la policía nacional en forma mayoritaria se ha sumado a la protesta y dice que se niega a reprimir a sus compatriotas. Esto no quiere decir que no haya represalias. Por el contrario, tienen un especial grado de violencia en la medida en que las movilizaciones callejeras se extienden. El presidente Juan Orlando Hernández llamó al ejército a contener la protesta y hay un elevado número de heridos y detenidos.

Es decir, el actual modelo económico, en un país que ha sido retaguardia estratégica de los planes expansionistas de los Estados Unidos en Centroamérica, se impone mediante la violencia. La cuestión económica y social, a su vez, como en otros países del continente, está acompañada de una impresionante corrupción, que no es censurada por la Casa Blanca ni por la OEA, ni alienta sanciones por parte de la actual administración norteamericana.

Hitos en esta situación han sido el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres, cuyo crimen sigue en la impunidad. Un hermano del presidente de la república ha sido acusado e imputado por los tribunales de justicia por gestionar las rutas del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.

La liberación del comercio y del sector financiero, la privatización de los recursos naturales, la salud la educación y las empresas de servicios públicos con el patrocinio del Fondo Monetario Internacional, hacen parte de este panorama. El presidente Hernández concentra un enorme poder político, que raya en el autoritarismo y se expresa en el control del Congreso, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia. Esto hace que entre las consignas de los manifestantes sea frecuente la exigencia, ¡que se vaya ya!, al primer mandatario.

Consecuencia de una década de aplicación del modelo neoliberal es también la concentración de la riqueza en manos de unas pocas familias privilegiadas y unas cuantas empresas transnacionales, que usufructúan las riquezas naturales del país. Han sido muchos los alivios tributarios a proyectos extractivitas e hidroeléctricos del capital privado y extranjero, en contraste con la quiebra de las empresas públicas nacionales. Se privatiza la telefonía, la energía eléctrica, el agua, los puertos, los aeropuertos y otras industrias. La deuda externa se ha triplicado en esta década fatal.

Giro progresista

Semejante tragedia social tiene sus antecedentes inmediatos en el golpe de estado militar perpetrado en la noche del 28 de junio de 2009 contra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. En esa ocasión, unos 300 miembros de las Fuerzas Armadas, con distinto rango, penetraron en la residencia presidencial, en horas de la madrugada, sacaron por la fuerza al mandatario, aún en pijama, lo llevaron a una base militar y de ahí a Costa Rica, en condición de deportado.

El pretexto de los golpistas era que Zelaya quería impulsar una reforma constitucional temerariamente progresista. No era para tanto. Zelaya, siendo un terrateniente, que ganó las elecciones con apoyo del Partido Liberal, una vez en el poder tomó con ciencia de las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y en la miseria y le imprimió un giro de izquierda a su mandato. Con apoyo del parlamento, incorporó a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y a Petrocaribe, un programa de cooperación impulsado por el presidente Chávez.

Eso fue lo que no le perdonaron a Zelaya, ni la burguesía ni los militares golpistas. La defensa de la Constitución era el pretexto. Para ejecutar su modelo de expoliación neoliberal, los gobernantes en esta última década han convertido la carta constitucional en letra muerta.

La aventura contra Zelaya fue el primer golpe dirigido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Más tarde, la líder demócrata Hillary Clinton reconoció en sus memorias, que Estados Unidos había alentado y financiado el golpe contra Zelaya. Después vendrían los golpes contra Fernando Lugo, en Paraguay; contra Dilma Rousseff en Brasil y los complots contra Lula da Silva en Brasil, contra Cristina Fernández en Argentina y Rafael Correa en Ecuador.

1 Comentario

  1. El golpe contra Zelaya fue en conjunto con el poder judicial, que buscaba condenarlo por haber solicitado una consulta sobre derechos constitucionales (como la séptima papeleta en Colombia) durante las elecciones que se acercaban, esto lo señalaron de ser una reforma de la constitución y por eso el poder judicial lo destituiría y daría la apariencia de legalidad al golpe, mientras los militares apoyados por EEUU lo secuestraban, desaparecían y llevaban a una base militar donde estaban los estadounidense para decidir si lo asesinaban allí o lo dejaban libre en otro país para impedir su regreso.

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